La Generalitat gastó casi 1.000 millones de euros en los centros que acogen de forma mayoritaria a menores extranjeros no acompañados (menas).

La cifra ha trascendido ahora tras un informe de la Sindicatura de Cuentas presentado este jueves en el Parlamento catalán. El órgano fiscalizador —el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas— ha detectado además diversas irregularidades.

La fiscalización analiza la gestión de la acogida a menores en centros entre los años 2016 y 2020.

Los centros no han parado de crecer: de 203 en el año 2016 a casi 600 en el 2020. Y el coste total durante estos años ha sido de casi mil millones. «La necesidad de plazas de acogida hizo que las plazas se contrataran por el procedimiento de emergencia y con la sobreocupación de los servicios», concluye el informe.