La Generalidad de Cataluña ha intensificado en los últimos años su presencia institucional y cooperación con Senegal, un país que ha pasado a ocupar un lugar destacado en la estrategia exterior del Gobierno en África occidental.
Este refuerzo de las relaciones se ha traducido tanto en una mayor actividad diplomática como en un aumento significativo de los recursos económicos destinados a proyectos en territorio senegalés. Mientras que en 2023 apenas se financiaban dos iniciativas con cerca de 600.000 euros, en 2025 la cifra se disparó hasta los 5,6 millones de euros repartidos en ocho proyectos, multiplicando por diez la inversión en apenas tres ejercicios, según avanzae-notícies.
En paralelo a este incremento presupuestario, también se han intensificado los contactos institucionales. Representantes del Ejecutivo catalán han viajado en varias ocasiones al país africano para supervisar programas de cooperación y explorar nuevas líneas de colaboración, especialmente en ámbitos como el desarrollo, la educación superior o las políticas con enfoque de género.
Además, el Gobierno ha mantenido su delegación en Dakar, considerada una de sus principales bases en el continente, así como la estructura diplomática asociada a esta presencia exterior. Esta línea de actuación se ha consolidado tras los cambios políticos en Senegal en 2024, con la llegada al poder de un nuevo liderazgo que ha reforzado los vínculos con Cataluña.
El foco se ha intensificado tras la reciente aprobación de una norma que endurece las penas contra las personas homosexuales, que pueden enfrentarse a condenas de hasta diez años de prisión.
A pesar de este escenario, las autoridades catalanas no han anunciado cambios en su relación con el país ni han emitido valoraciones públicas sobre esta legislación. Este silencio ha sido señalado por distintos sectores, especialmente en un momento en el que organismos internacionales y colectivos denuncian el empeoramiento de las condiciones para el colectivo LGTBI en Senegal.
La cooperación entre Cataluña y Senegal, no obstante, no es reciente. Desde hace años, el país africano ya figuraba entre los socios prioritarios del Gobierno, incluso cuando su marco legal ya contemplaba sanciones contra la homosexualidad y otras prácticas cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
