La Generalidad de Cataluña, presidida por Salvador Illa (PSC), está reclamando 5.000 euros a un niño que sufrió leucemia por unas ayudas sociales que habría percibido de más sin tener conocimiento de ello. El caso de Sergi, que hoy tiene 14 años, comenzó cuando apenas era un niño de cinco y fue diagnosticado con esta enfermedad. Durante años, su madre, Mar, afrontó un sinfín de gastos derivados del tratamiento: desplazamientos constantes, suplementos nutricionales y, sobre todo, el elevado coste de los aparcamientos hospitalarios, que acabaron suponiendo una carga económica imposible de sostener.
En 2016, en el hospital Vall d’Hebron, un trabajador social les informó de que podían solicitar una ayuda denominada COSE, destinada a familias en situación vulnerable, especialmente las monoparentales. Gracias a ella, Mar empezó a recibir unos 263 euros mensuales durante cuatro años, lo que le permitió aliviar parte de los costes que la enfermedad de su hijo generaba. Pero la tranquilidad duró poco. En mayo de este año, llegó una carta certificada dirigida a Sergi, enviada a casa de los abuelos, donde se le comunicaba que debía devolver cerca de 5.000 euros a la Agència Tributària de Catalunya.
Lo más insólito del caso es que, según descubrió la familia, la primera reclamación se había emitido un año antes y enviada a una dirección donde ya no residían. Al no poder localizarles, la administración optó por publicar la notificación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), haciendo figurar al menor, que entonces tenía 10 años, como deudor del erario público. «Imagínate ver el nombre de tu hijo en el BOE, como si fuera un moroso de la administración», lamenta Mar, que asegura no haberse enterado de nada hasta que llegó la segunda comunicación: «El BOE no lo miras todos los días, claro».
Cuando acudió a las oficinas de Hacienda catalana, los propios funcionarios admitieron no comprender cómo podía cargarse una deuda de este tipo a un menor. Sin embargo, le advirtieron de que, si ella no abonaba la cantidad, el niño podría encontrarse con embargos cuando alcanzara la mayoría de edad. «Me dijeron que si Sergi empezaba a trabajar y tenía una cuenta a su nombre, podrían retenerle el dinero», explica su madre.
El caso de esta familia no es aislado. Según el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), existen alrededor de sesenta familias que se encuentran en idéntica situación. A muchas se les exigen sumas muy superiores, que en algunos casos pueden alcanzar entre 20.000 y 25.000 euros, dependiendo del número de hijos beneficiarios y de los años que se recibieron los pagos. La adjunta a la síndica para la infancia, Aida Rodríguez, ha señalado que el origen del problema está en un fallo administrativo ocurrido hace más de una década.
En 2012, el Departamento de Derechos Sociales modificó los criterios de cálculo de la prestación COSE para reducir los importes, pero ese cambio nunca se aplicó. Durante años, las familias continuaron recibiendo la cuantía anterior sin saber que el nuevo baremo las situaba en otra escala. «Nadie les informó de que estaban recibiendo más de lo que les correspondía. No tenían forma de saberlo», explicó Rodríguez. La propia institución considera que el error es enteramente atribuible a la administración.
Lo más controvertido, según denuncian algunos afectados, es que mientras familias como la de Sergi enfrentan deudas generadas por errores del propio sistema, la Generalitat ha condonado 4,7 millones de euros en pagos indebidos a jóvenes extranjeros extutelados y mantiene ayudas mensuales de 778 euros para este colectivo. Una situación que, para muchos, refleja un agravio comparativo con respecto a los catalanes que, como Mar y su hijo, solo buscan justicia ante un error que no cometieron.
