
El nuevo centro de régimen abierto por la Generalitat en Barcelona, ubicado en la Zona Franca, comenzará a operar a finales de este año con capacidad para albergar hasta 800 internos en situación de semilibertad. Estas instalaciones están destinadas a personas que cumplen el tramo final de su condena en tercer grado y que únicamente acuden a dormir o a realizar controles de seguimiento.
El complejo ocupa un solar de 6.500 metros cuadrados y suma cerca de 13.000 metros cuadrados construidos. Con su puesta en marcha, se unificarán en un único espacio las plazas que actualmente se reparten entre la antigua prisión de la Trinitat y la sección masculina de Wad-Ras, además de incrementar la capacidad en unas 200 camas adicionales.
Una de las principales novedades del recinto es su diseño, que rompe con la imagen tradicional de las cárceles. Desde el exterior, el edificio podría confundirse con un centro sanitario o administrativo. Está dividido en tres bloques con tonos grises y blancos, mientras que en el interior predominan colores más vivos como el azul, el amarillo o el naranja, buscando generar un entorno más amable.
En el interior, las habitaciones —evitando el término «celdas»— carecen de cerraduras convencionales y se accede a ellas mediante tarjetas electrónicas. Este mismo sistema permite el paso por las distintas áreas del centro, incluyendo los tornos de control, donde además se incorpora tecnología de reconocimiento facial. No hay rejas ni llaves tradicionales, lo que refuerza la idea de un espacio «más abierto y menos restrictivo».
Las zonas residenciales se distribuyen en módulos de varias plantas conectados entre sí, con estancias comunes como comedores, salas de lectura, aulas formativas, espacios para entrevistas y un pequeño gimnasio. También cuentan con patios interiores abiertos a la luz natural, sin elementos de seguridad visibles, lo que contribuye a una sensación más cercana a la de un edificio residencial que a la de una prisión.
El proyecto ha supuesto una inversión de 35,6 millones de euros y se ha ejecutado con materiales sostenibles y de bajo mantenimiento, como la cerámica esmaltada. Además, el mobiliario está siendo fabricado por internos a través del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Cire), dependiente de la Consejería de Justicia.
Desde el Govern defienden este modelo como «clave para la reintegración social». El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, subraya que el régimen abierto facilita una transición progresiva hacia la libertad, manteniendo el vínculo con el entorno laboral y social. En esta línea, diversos estudios indican que quienes pasan por este sistema presentan menores índices de reincidencia.