El Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña ha remitido un correo electrónico a los centros penitenciarios catalanes solicitando un listado de internos en prisión preventiva que carezcan de antecedentes penales por causas anteriores, con el objetivo de evaluar su posible inclusión en el proceso de «regularización» masiva impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su acuerdo con Podemos.

La comunicación interna pide una «prospección del nombre de las personas internas» que se encuentren en situación de prisión provisional y que no figuren con antecedentes derivados de procedimientos previos. Según la información adelantada por El Debate, la iniciativa busca identificar a potenciales beneficiarios dentro del sistema penitenciario catalán.

El plan del Ejecutivo permite obtener autorización de residencia a los extranjeros que acrediten presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de formalizar la solicitud. Bajo ese marco normativo podrían encajar internos en prisión preventiva que, pese a su situación procesal, no hayan sido condenados con anterioridad.

Desde el sindicato policial SICAP-FEPOL aportan cifras que ilustran la dimensión del fenómeno. En Cataluña hay actualmente 1.888 personas en prisión preventiva. De ellas, 1.307 son extranjeras, lo que supone el 69,23% del total, según explica el secretario general del sindicato, Miguel Pueyo. No obstante, la organización precisa que no existe un dato definitivo sobre cuántos se encuentran en situación ilegal, ya que una parte dispone de documentación en regla.

El sindicato alerta de las consecuencias jurídicas que podría tener la concesión de permisos de residencia a extranjeros en situación ilegal que estén pendientes de juicio. Si obtuvieran autorización administrativa, un abogado podría alegar arraigo e integración para tratar de evitar la sustitución de la pena de prisión por la expulsión contemplada en el artículo 89 del Código Penal, especialmente en casos de reincidencia.

Fuentes jurídicas consultadas por El Debate subrayan que la expulsión como medida sustitutiva está prevista para extranjeros que residan ilegalmente en España. Si durante la tramitación del procedimiento penal regularizan su situación administrativa, desaparecería el presupuesto legal que justifica esa medida. En términos prácticos, la orden de expulsión dejaría de ser aplicable a quienes ya no se encuentren en situación ilegal.

De este modo, la regularización planteada por el Gobierno no excluiría a personas con procesos judiciales abiertos. Las detenciones policiales no impedirían la tramitación de la solicitud si se cumplen los requisitos fijados en el decreto. En consecuencia, internos sin antecedentes firmes podrían acceder al proceso y quedar fuera del ámbito de la expulsión penal prevista para quienes residen ilegalmente en España.