Solicitud de rectificación de Carles Puigdemont i Casamajó​ (LO 2/1984). Se hace constar conforme al artículo 85 de la LOPDGDD que la noticia no refleja el estado actual del rectificante.

Un nuevo portal digital que ha hecho públicos todos los contratos de las administraciones catalanas ha desvelado que la Generalitat, en manos de Salvador Illa (PSC), destina un total de 78,51 euros al mes a pagar un servicio de aparcamiento vinculado a un vehículo asociado a Carles Puigdemont. La información figura en la base de datos de contratos públicos recientemente digitalizada, que permite consultar de forma detallada adjudicaciones, importes y organismos implicados.

Los registros muestran una serie de contratos menores tramitados de forma periódica a lo largo de 2025. En concreto, aparecen pagos mensuales por ese mismo importe correspondientes al servicio de estacionamiento de un automóvil con matrícula identificada, adjudicados a la empresa pública Transportes Municipales del Gironès. El organismo contratante que figura en la documentación es Puertos de la Generalitat.

Según estos datos, el gasto se habría mantenido de forma continuada durante varios meses, con anotaciones desde el verano hasta finales de año. Cada uno de los contratos aparece con la misma cuantía y bajo la modalidad de contrato menor, un procedimiento habitual en la administración para servicios de cuantía reducida.

El portal, que integra información procedente de distintas fuentes oficiales como el Boletín Oficial del Registro Mercantil y los registros de contratación pública, también recoge las vinculaciones institucionales y societarias relacionadas con el expresidente catalán. Entre ellas, cargos en órganos de gobierno de diversas empresas públicas municipales durante su etapa política en Girona.

La publicación de estos datos ha generado debate político, al producirse en un contexto en el que Puigdemont continúa fuera de España prófugo de la Justicia. Desde distintos sectores se cuestiona el uso de recursos públicos en relación con este tipo de servicios, mientras que otras voces recuerdan que la información se refiere a contratos administrativos que pueden estar vinculados a procedimientos y responsabilidades previas.

Por el momento, no ha habido una explicación oficial detallada sobre la naturaleza concreta de estos pagos ni sobre la titularidad efectiva del vehículo o el uso actual del servicio. Tampoco se ha aclarado si se trata de obligaciones administrativas heredadas o de contratos que siguen vigentes en la actualidad.