La Oficina del Defensor del Pueblo, continúa su seguimiento de una denuncia presentada en 2024 sobre un trato discriminatorio hacia niños catalanes en el uso de la lengua española. La denuncia fue remitida por la organización Sociedad Civil Catalana, que sostiene que la Generalitat estaría limitando el uso del español en el ámbito educativo.

Según publica Okdiario, el expediente informativo se inició tras la presentación de la denuncia, con el objetivo de determinar si las orientaciones facilitadas por el Departamento de Educación y Formación Profesional garantizan el aprendizaje en español en los centros educativos catalanes. Para ello, la Oficina del Defensor del Pueblo envió un requerimiento a dicho departamento, dirigido por la consellera Esther Niubó, solicitando información detallada sobre las políticas y directrices aplicadas.

No obstante, hasta la fecha, la respuesta del Gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, ha sido insuficiente, lo que ha retrasado la investigación. Ángel Gabilondo ha expresado su pesar por la demora, y ha remitido un segundo requerimiento recordando el «inexcusable deber de colaboración» que tiene la Generalitat con la institución que él dirige. Esta situación ha generado preocupación en los firmantes de la denuncia, quienes consideran que la falta de información obstaculiza la protección de los derechos lingüísticos de los alumnos.

Sociedad Civil Catalana ha manifestado que la política lingüística en el sistema educativo catalán podría estar diseñada como un mecanismo de exclusión del español, lo que contribuye a un mayor fracaso escolar y vulnerara derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española. En particular, se hace referencia al artículo 3 de la Carta Magna, que establece que el español es lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen derecho a usarla y deber de conocerla.

La denuncia presentada hace referencia específica al Decreto 91/2024, de 14 de mayo, que regula el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña. La organización señala que, pese a la suspensión cautelar del decreto decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), existe un riesgo de aplicación de facto de criterios que podrían discriminar el uso del idioma castellano en las aulas.

El Defensor del Pueblo mantiene abierta la instrucción del expediente, con la finalidad de recopilar toda la información necesaria para emitir un informe que determine si se han vulnerado derechos lingüísticos en Cataluña.