La Generalidad de Cataluña registró durante 2025 un total de 14.219 expedientes ilocalizables de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una prestación económica destinada a personas y familias en situación de vulnerabilidad. De ellos, 4.386 correspondían a titulares identificados mediante un Número de Identidad de Extranjero (NIE), lo que representa el 30,9% del total.
Los datos proceden de una respuesta oficial del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, obtenida por Libre Mercado a través de una solicitud amparada en la Ley de Transparencia. El documento está firmado por Valentí Arroyo Peña, director general de Prestaciones Sociales del Ejecutivo autonómico.
Según la información facilitada, los otros 9.833 expedientes ilocalizables durante 2025 estaban registrados con NIF. La Administración catalana considera que un expediente se encuentra en esta situación cuando todas las comunicaciones realizadas durante un mismo año aparecen con incidencias como «dirección incorrecta», «caducado», «nadie se hace cargo» o «desconocido».
La situación también se ha reproducido durante 2026. Entre enero y julio, la Generalidad contabilizó otros 11.265 expedientes ilocalizables, de los cuales 3.511 correspondían a titulares registrados con NIE, el 31,2%.
Los registros corresponden a expedientes únicos por año y no permiten determinar si todos sus titulares continuaban percibiendo la prestación. Tampoco acreditan por sí mismos la existencia de fraude. La Administración autonómica ha reconocido, además, que sus sistemas no permiten desglosar por nacionalidades a los titulares afectados, pese a que esa información fue solicitada expresamente.
Más de 4,6 millones de euros en pagos indebidos
La documentación también recoge 474 liquidaciones por pagos indebidos, por un importe acumulado de 4,64 millones de euros, vinculadas a situaciones relacionadas con el empadronamiento o la residencia efectiva de los beneficiarios.
El mayor volumen corresponde a 2024, cuando se registraron 174 liquidaciones por más de 3,64 millones de euros. No obstante, el propio departamento advierte de que estos pagos indebidos no pueden relacionarse automáticamente con los expedientes ilocalizables.
La Renta Garantizada de Ciudadanía supuso durante 2025 un gasto de 355,2 millones de euros, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña. Ese ejercicio se registró una media mensual de 82.226 beneficiarios.
La Generalidad asegura que realiza comprobaciones trimestrales del empadronamiento y cruza información con otras administraciones para detectar posibles incumplimientos de los requisitos. Sin embargo, la documentación facilitada no cuantifica cuántas incidencias se resuelven mediante estos controles ni su eficacia para localizar a los titulares de las ayudas.
