La Guardia Civil ha reconocido que el dispositivo desplegado durante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio quedó completamente superado por la magnitud de la avalancha. Los agentes tuvieron que abandonar en la práctica las labores de contención para concentrarse en evitar ahogamientos y no pudieron identificar a quienes consiguieron acceder a territorio español.

Así consta en un informe de cinco páginas elaborado por el Instituto Armado y conocido en el marco de las diligencias que dirige la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón. El documento describe lo ocurrido como un «colapso de la frontera de una dimensión sin precedentes».

La Guardia Civil explica que durante buena parte de los días 30 y 31 de julio se produjeron intentos de entrada «de forma continua y sostenida por decenas e incluso centenares de personas simultáneamente». Los efectivos desplegados, pese al refuerzo habitual del periodo estival, no estaban dimensionados para afrontar una entrada de esas características, detalla The Objective.

Ante el «extraordinario volumen de personas» que trataban de cruzar la frontera y el peligro existente en el mar, «la fuerza disponible pasó a desarrollar actuaciones orientadas a impedir la pérdida de vidas humanas en el mar o en las inmediaciones del espigón fronterizo».

La decisión tuvo una consecuencia directa sobre el control fronterizo. Mientras unos agentes efectuaban rescates en el agua, otros atendían a quienes conseguían alcanzar tierra. A estas tareas se incorporaron Cruz Roja, Salvamento Marítimo y posteriormente efectivos del Ejército de Tierra.

La Guardia Civil desconoce la identidad y el paradero de quienes entraron

El informe reconoce que ningún agente pudo obtener datos identificativos de quienes atravesaron irregularmente la frontera durante los momentos más críticos. «El número de personas que protagonizaba la entrada irregular era tan extraordinario que resultaba totalmente imposible conocer cualquier dato sobre ellas», señala el documento.

La Guardia Civil admite así que desconoce «la filiación, el paradero y los datos de localización» de las personas que consiguieron acceder irregularmente a España durante la avalancha.

El Instituto Armado precisa que la identificación posterior de extranjeros corresponde a los organismos competentes en materia de extranjería y que su función consiste en trasladar a los interceptados a dependencias de la Policía Nacional. Sin embargo, la dimensión de la entrada impidió incluso recopilar sobre el terreno información elemental sobre buena parte de quienes cruzaban.

Además, «la gran mayoría» de los inmigrantes que conseguían superar el dispositivo abandonaban rápidamente el perímetro fronterizo y se adentraban en Ceuta. Otros regresaron voluntariamente a Marruecos durante la misma jornada.

La magnitud de la crisis queda también reflejada en el balance de fallecidos. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ceuta había instruido, en el momento al que se refiere el informe, diligencias relacionadas con 82 levantamientos de cadáveres vinculados al flujo migratorio masivo. Posteriormente aparecieron más cuerpos cuya relación directa con la avalancha todavía debía determinarse.

Información conocida en Ceuta no llegó con detalle a Madrid

El informe abre además otro frente sobre la actuación de las autoridades antes de la invasión. La Guardia Civil reconoce que durante los días anteriores recibió y compartió información sobre el aumento de la presión migratoria, aunque sostiene que esos avisos tenían un «carácter ordinario» y no permitían anticipar lo que finalmente ocurrió.

Según el Instituto Armado, aquella información no se correspondía «ni en su contenido ni en su alcance» con la entrada masiva registrada posteriormente.

Sin embargo, existe una diferencia entre la información que circulaba en Ceuta y la que terminó llegando a los servicios centrales. La información transmitida al delegado del Gobierno en Ceuta sobre una entrada prevista para el 30 de julio y los informes elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional no llegaron «con exactitud y con todo lujo de detalles» a la Guardia Civil en Madrid.

La revelación resulta especialmente relevante porque el propio Instituto Armado explica en el documento que mantiene un intercambio permanente de inteligencia con distintos organismos precisamente para anticipar episodios de presión migratoria y poder «implementar los recursos necesarios».

La cuestión que queda abierta es por qué la información que ya circulaba en Ceuta no alcanzó con el mismo nivel de precisión a los servicios centrales de la Guardia Civil y si su conocimiento habría permitido reforzar de otra manera el dispositivo fronterizo.

El resultado que describe la propia Benemérita es inequívoco: decenas y centenares de personas cruzando simultáneamente, efectivos volcados en rescatar a quienes estaban en peligro, imposibilidad de identificar a los que lograban entrar y un operativo incapaz de contener el flujo mientras atendía la emergencia en el mar.

El informe se incorpora así a las incógnitas sobre la gestión previa de la crisis y sobre la cadena de transmisión de los avisos antes del 30 de julio, una cuestión especialmente sensible ante las distintas informaciones conocidas posteriormente sobre las alertas que manejaban organismos y autoridades antes de que la frontera terminara sufriendo, en palabras de la propia Guardia Civil, un «colapso […] de una dimensión sin precedentes».