
La Guardia Civil detectó a varios agentes de los servicios de información de Marruecos infiltrados entre los más de 50.000 inmigrantes ilegales que entraron en Ceuta durante la invasión registrada los días 30 y 31 de julio. Los individuos fueron identificados mediante el sistema de videovigilancia desplegado en el perímetro fronterizo, según han revelado fuentes del Estado Mayor del Instituto Armado a El Español.
Los agentes encargados del seguimiento observaron en tiempo real a personas vinculadas con la inteligencia marroquí mezcladas entre los grupos que avanzaban hacia territorio español. Responsables del sistema de cámaras, en coordinación con el alto mando de la Guardia Civil, pudieron reconocerlos desde las primeras horas del jueves 30 de julio.
Las fuentes sostienen que no se trata de un hecho aislado. El Instituto Armado ya habría detectado la presencia de miembros de los servicios marroquíes en anteriores episodios de presión sobre Ceuta y Melilla.
Su misión habría consistido en supervisar la entrada masiva, analizar el dispositivo desplegado por España, observar la respuesta operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y recabar información directa sobre lo ocurrido en la frontera.
Fuentes de los servicios de información españoles corroboran las observaciones realizadas por la Guardia Civil y encuadran lo sucedido en una operación de guerra híbrida. A su juicio, una acción de esta magnitud no podía ejecutarse sin la intervención de los servicios de inteligencia del régimen marroquí.
«Es el procedimiento lógico para cualquier servicio de inteligencia», sostiene una de las fuentes consultadas. Otro mando de la Guardia Civil dedicado a la lucha contra la inmigración resume la estrategia de Rabat: «Tienen el grifo de la presión migratoria. Y para ellos esto es una especie de tanteo».
La detección de los agentes marroquíes se suma a los vídeos y testimonios que apuntan a la colaboración directa de las autoridades del país vecino. Algunas grabaciones muestran a gendarmes trasladando en camiones a inmigrantes para acercarlos a Ceuta, mientras otros testigos denuncian que las fuerzas marroquíes permanecieron pasivas ante la entrada masiva.
Varios ciudadanos marroquíes también han asegurado a The New York Times que las propias autoridades les animaron a cruzar la frontera. La operación habría contado además con la participación de los «mkadam», representantes locales del aparato administrativo marroquí que difundieron la convocatoria y facilitaron el transporte en furgonetas y autocares.
Fuentes policiales desplegadas sobre el terreno afirman que numerosos jóvenes abandonaron empleos con salarios equivalentes a unos 350 euros para intentar entrar en España. La movilización deja así de responder a un movimiento espontáneo y refuerza las sospechas sobre una actuación organizada desde territorio marroquí.
El refuerzo policial español estuvo acompañado de una intensa vigilancia mediante cámaras y otros medios tecnológicos. Estos sistemas, concebidos para detectar entradas ilegales, permitieron también identificar conductas de interés para la seguridad nacional.
El Ministerio del Interior cifra en 50.000 las personas que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, aunque el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, eleva el balance hasta las 60.000. Una parte de los inmigrantes ya ha regresado a Marruecos.
Los mandos consultados relacionan la invasión con el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat. Señalan dos acontecimientos recientes: la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera y el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia diez días antes.
La visita fue la primera de Sánchez al país norteafricano en cuatro años, después del giro del Gobierno a favor de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Según la valoración de los mandos de la Guardia Civil, el acercamiento a Argel habría provocado un profundo malestar en Rabat.
Los servicios españoles interpretan la invasión como un mensaje del régimen marroquí y un intento de medir la capacidad de reacción de España. Marruecos vuelve así a utilizar el control de los flujos de inmigración ilegal como instrumento de presión política, mientras sus propios agentes observan sobre el terreno la respuesta de las autoridades españolas.