Altos mandos de la Guardia Civil han solicitado al Ministerio del Interior una reforma legal que permita a los agentes disparar contra los motores de las narcolanchas durante las persecuciones. Los responsables del Instituto Armado consideran que el marco actual resulta «insuficiente» para responder a la escalada de violencia del narcotráfico en el Estrecho, donde cuatro guardias civiles han muerto en apenas dos años.

Según publica El Mundo, los mandos sostienen que inutilizar los motores de estas embarcaciones es «la única» manera de detener su avance hacia la costa, frenar a las grandes organizaciones de la droga e intimidar a unos delincuentes que ya emplean armas de guerra.

La modificación afectaría a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo marco no permite actualmente recurrir a las armas durante este tipo de persecuciones contra el narcotráfico. La petición llega después de que un grupo de generales reclamara a la Dirección General de la Guardia Civil autorización para utilizar lanzagranadas frente a las narcolanchas.

Los responsables consultados defienden que las operaciones para inutilizar los motores sean ejecutadas con fusiles adaptados por unidades especializadas como el Grupo de Acción Rápida (GAR) o la Unidad Especial de Intervención (UEI).

«Es prioritario que se permita inhabilitar los motores con fusiles adaptados y con unidades especializadas como el GAR o incluso la UEI», señalan. También recuerdan que países como Portugal, Francia, Italia o Grecia ya aplican este tipo de medidas en la lucha marítima contra el narcotráfico.

Los mandos aseguran que los agentes participantes en la operación Alfa-Lima, desarrollada entre el 13 y el 26 de abril en el océano Atlántico, recibieron autorización para disparar contra los motores de las narcolanchas.

«Fue una orden del director adjunto operativo por la envergadura del dispositivo», explican. Según estas fuentes, el DAO, José Antonio Llamas, ordenó a la UEI disparar para inhabilitar los motores e inmovilizar una de las embarcaciones.

En Alfa-Lima participaron la Guardia Civil, la Armada, Vigilancia Aduanera, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y la Guardia di Finanza italiana. Durante las dos semanas del operativo se efectuaron intervenciones diarias en el Atlántico, Canarias, el río Guadalquivir, los puertos de Ceuta y Algeciras y distintos puntos de Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Almería y Murcia.

Pese a este precedente, los mandos reclaman una cobertura legal estable que evite depender de órdenes excepcionales y proporcione seguridad jurídica a los agentes que participan en las persecuciones.

La Guardia Civil también ha reclamado blindar los helicópteros desplegados contra el narcotráfico en el sur y proporcionar chalecos antibalas a sus pilotos. La petición se formuló después de que una narcolancha asesinara a dos agentes en el puerto de Barbate en febrero de 2024, pero todavía no ha sido atendida.

Desde la Dirección General del cuerpo, dirigida por Mercedes González, reconocen que el blindaje aún no se ha implantado. «El blindaje de momento no se tiene y, si se llegara a hacer, tendría que ser en los nuevos helicópteros que se fabriquen», explican.

Los mandos denuncian además que los chalecos antibalas llegan «con cuentagotas». La Dirección General sostiene que ha iniciado un expediente para adquirir protecciones específicas para el personal aéreo de la zona sur, más ligeras y cortas que las utilizadas por otros agentes.

La urgencia de estas medidas responde al cambio en el armamento empleado por las organizaciones criminales. Los narcotraficantes disponen de armas de guerra con calibres 5,56 y 7,62, lo que eleva el riesgo para los agentes durante las intervenciones. «Son superiores y no tienen ningún reparo en disparar», advierten las fuentes consultadas.

Cuatro agentes muertos en dos años

«Es lamentable que con cuatro guardias civiles muertos en dos años no se aceleren las gestiones para un cambio legislativo», denuncian los mandos.

A los dos agentes asesinados en Barbate se suman otros dos guardias civiles fallecidos este año después de que sus patrulleras chocaran durante una persecución iniciada en Huelva y terminada frente a la costa de Cádiz.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó las muertes a un accidente y afirmó que «todas las tragedias no pueden evitarse». Sin embargo, mandos especializados que trabajan sobre el terreno sostienen que la narcolancha provocó la colisión con una maniobra deliberada y «estudiada».

«Los narcos provocaron el choque», afirman. Según explican, este tipo de maniobras son habituales y aprovechan las características de las embarcaciones para hacer colisionar a las patrulleras que las persiguen.