La Guardia Civil investiga posibles irregularidades en el padrón municipal de Serranillos del Valle (Madrid) y trata de determinar si determinadas altas pudieron tener alguna incidencia sobre el censo electoral empleado en los comicios locales de mayo de 2023. En aquellas elecciones, Transparencia Democracia Serranillos (TDS) consiguió una amplia mayoría absoluta: ocho de los once concejales tras recibir 1.418 votos, el 57,2% de los sufragios válidos.
Según publica El Debate, las diligencias parten de varias denuncias que alertan de la supuesta existencia de personas empadronadas en viviendas en las que, de acuerdo con sus propietarios o residentes, nunca habrían vivido. Los agentes tratan ahora de esclarecer la realidad de esas inscripciones y su eventual relación con el censo empleado para votar.
El Ayuntamiento está actualmente encabezado por Rubén Fernández Díaz, integrante de TDS. La formación local pasó de cinco concejales y el 39,92% de los votos en 2019 a los ocho ediles y el 57,2% obtenidos cuatro años después. Los datos electorales publicados a partir de la información del Ministerio del Interior confirman ese salto de representación.
Uno de los elementos examinados es la evolución demográfica registrada durante los años anteriores a aquellas elecciones. Las cifras oficiales del padrón muestran que Serranillos del Valle pasó de 3.967 habitantes en 2017 a 4.625 en 2023, lo que supone 658 empadronados más y un crecimiento aproximado del 16,6%.
Ese aumento, por sí mismo, no acredita ninguna irregularidad. Las fuentes municipales citadas por El Debate consideran, sin embargo, que debe esclarecerse su origen y sostienen que durante parte de ese periodo la construcción de nuevas viviendas permaneció prácticamente paralizada. Las pesquisas buscan determinar precisamente si parte de las altas correspondían a personas cuya residencia efectiva se encontraba fuera del municipio.
El punto central de las diligencias está así en comprobar si hubo inscripciones padronales que no reflejaban la residencia real de determinados ciudadanos y, en caso afirmativo, si esas altas llegaron a proyectarse sobre el censo electoral utilizado el 28 de mayo de 2023.
La normativa obliga a los ayuntamientos a mantener actualizados sus padrones y a procurar que los datos inscritos concuerden con la realidad. Además, cuando existen indicios que generen dudas sobre la residencia declarada, las instrucciones técnicas permiten realizar actuaciones para comprobar la veracidad de los datos facilitados.
Las actuaciones de la Guardia Civil continúan abiertas. Fuentes conocedoras del procedimiento citadas por El Debate apuntan a que, una vez concluidas, la documentación recopilada podría ser enviada a la Fiscalía para que determine si los hechos presentan relevancia penal.
Por el momento, las denuncias y las diligencias no permiten dar por acreditada una alteración fraudulenta del padrón ni atribuir responsabilidades concretas. La investigación deberá determinar ahora el alcance real de las altas cuestionadas y, sobre todo, si alguna de ellas llegó a tener efectos sobre el censo utilizado en unas elecciones en las que TDS amplió de forma considerable su mayoría en el Ayuntamiento.