Fuentes cercanas al «caso Leire» aseguran que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea el destino de cientos de miles de euros en comisiones que, según los primeros indicios, acabaron en manos del grupo formado por la conocida como fontanera del PSOE, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, según publica este viernes El Confidencial.

Los investigadores tienen previsto iniciar en las próximas semanas un análisis exhaustivo de la situación patrimonial de los investigados, así como de sus cuentas bancarias y bienes. Las sospechas son fundadas: las operaciones detectadas hasta ahora, que dieron lugar a los arrestos y al estallido del caso, serían solo una parte de una trama de mayor alcance que podría derivar en la apertura de nuevos expedientes conforme avance la investigación.

El rastro del dinero será clave en una fase todavía secreta del procedimiento, que afecta a diversas empresas públicas. De momento, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han establecido que los tres principales investigados percibieron más de 700.000 euros en comisiones en cinco operaciones distintas, “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI”. Lejos de cerrarse, el listado de actuaciones bajo sospecha amenaza con ampliarse.

Los registros practicados en los últimos días ya ofrecen una idea de la magnitud de la presunta trama. Además de la propia SEPI, la Guardia Civil entró en Mercasa, Enusa y Correos, así como en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica y en Cofivacasa. A medida que la UCO vaya entregando nuevos informes, está previsto que los tres investigados vuelvan a ser citados a declarar ante el juez.

Hasta ahora, y a partir de la documentación incautada por la UCO en Servinabar y del análisis del teléfono móvil de Alonso —intervenido en el marco del caso Koldo en el Tribunal Supremo—, se han identificado cinco operaciones concretas. Entre ellas figura el rescate concedido por la SEPI a Tubos Reunidos S.A. por 112,8 millones de euros, la adjudicación de un contrato de Mercasa a Servinabar 2000 SL por 18.119,75 euros, un contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias por 2,8 millones, supuestos pagos de Enusa a un despacho de abogados y una ayuda de Sepides a Arapellet S.L. por 17,3 millones.

Los indicios iniciales apuntan al uso de facturación falsa y a pagos por trabajos que no llegaron a realizarse. La operativa sería similar a la detectada en las relaciones de Servinabar con Acciona, donde se abonaban comisiones de alrededor del dos por ciento por supuestos servicios inexistentes. La investigación también alcanza de forma indirecta a Santos Cerdán, aún no imputado, pero bajo la lupa por sus vínculos con Alonso y su presunta participación en Servinabar, mientras continúa investigado en otra causa tras haber salido de prisión preventiva.