El empresario y promotor inmobiliario y pareja de la actual portavoz parlamentaria del PSOE, Sergi Vélez, estuvo en el centro de una polémica medioambiental después de que una promotora bajo su administración impulsara la tala de cerca de 700 árboles en un espacio natural de la Costa Brava para levantar una exclusiva urbanización de chalés de lujo. Los trabajos comenzaron a finales de 2018 en la cala de Aigua Xelida, situada en el municipio gerundense de Palafrugell, sin contar con la autorización municipal correspondiente, según adelanta The Objective.
La operación inmobiliaria tenía como objetivo transformar una zona de bosque mediterráneo próxima al mar en un complejo residencial destinado a compradores de elevado poder adquisitivo. El proyecto inicial contemplaba 33 viviendas de aproximadamente 300 metros cuadrados, equipadas con piscina privada y vistas al Mediterráneo. La intervención afectaba a un entorno de alto valor paisajístico y provocó las protestas de colectivos ecologistas, que denunciaron la desaparición de centenares de pinos y exigieron la recuperación de la superficie forestal.
La controversia se agravó cuando trascendió que Aiguacel Costa Brava, la sociedad administrada por Vélez, había iniciado los trabajos sin disponer del permiso del Ayuntamiento. La empresa defendió que había comunicado sus intenciones al consistorio el 24 de diciembre de 2018 y que la tramitación administrativa le permitía actuar por silencio positivo. Sin embargo, las autoridades municipales rechazaron esa interpretación y sostuvieron que la promotora carecía de autorización para intervenir sobre el terreno.
El entonces alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, de ERC, cuestionó públicamente que las máquinas hubieran comenzado a trabajar aprovechando las vacaciones navideñas, cuando la actividad en la zona era especialmente reducida. El 2 de enero de 2019, el Ayuntamiento ordenó detener las actuaciones después de que los técnicos municipales comprobaran la situación de la parcela. La inspección derivó en un boletín de denuncia que podía desembocar en la apertura de un procedimiento sancionador.
La plataforma SOS Costa Brava ya había advertido meses antes de las consecuencias del desarrollo urbanístico. En septiembre de 2018 presentó alegaciones para tratar de preservar el entorno y, tras conocer la tala, reclamó la suspensión de los trabajos y la reforestación del espacio afectado. Según sus estimaciones, la intervención comprometía más de tres hectáreas de superficie forestal, aunque la dimensión total del ámbito urbanístico era superior.
Pese a la oposición vecinal y ecologista, la promoción acabó obteniendo luz verde en 2022, aunque con importantes modificaciones respecto a su planteamiento original. El número de chalés se redujo de 33 a 15, una rebaja que las organizaciones medioambientales interpretaron como un avance, aunque lamentaron que finalmente se permitiera construir en el enclave. Las viviendas se comercializan bajo la denominación de Sa Xelida, con precios que rondan los 2,6 millones de euros.
El episodio vuelve a situar la actividad empresarial de la pareja de Montse Mínguez bajo el foco público y plantea un contraste político con el discurso del PSOE sobre la protección del medioambiente y la conservación de los espacios naturales. La controversia no se limitó al impacto paisajístico de la urbanización, sino que también estuvo marcada por la decisión de iniciar una actuación de gran envergadura sin contar previamente con el visto bueno municipal.
