La inmigración ilegal sigue causando estragos a más instituciones de nuestro país. La memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reconoce que la litigiosidad derivada de la inmigración irregular ha provocado un colapso sin precedentes en la jurisdicción contencioso-administrativa de Tenerife, hasta el punto de que los recursos contra las órdenes de devolución de inmigrantes llegados ilegalmente por vía marítima mantienen bloqueados los tribunales durante años.

El propio TSJC explica que la avalancha de procedimientos no guarda relación con el número de llegadas, sino con el elevado volumen de recursos presentados contra las órdenes de expulsión dictadas por la Administración. Según la memoria judicial, el 97% de los recursos de apelación en materia de extranjería corresponden precisamente a impugnaciones de esas órdenes de devolución, lo que ha disparado la carga de trabajo de los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Las cifras, avanzadas por @CanarioToday, reflejan la magnitud del problema. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pasó de registrar 1.714 asuntos en 2023 a 6.259 en 2024, un incremento del 265%. A su vez, los cuatro juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife pasaron de 3.552 a 9.877 recursos, un aumento del 178%, mientras que el impacto global sobre la jurisdicción en la provincia occidental alcanzó el 206%.

Como consecuencia de esta situación, la carga de trabajo ha superado cualquier previsión. La memoria señala que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife llegaron a funcionar al 395% del módulo de entrada establecido, mientras que la Sala alcanzó el 346%, una situación que el propio TSJC califica expresamente de «sin parangón en el conjunto del Estado».

El atasco judicial amenaza además con prolongarse durante casi una década. A 16 de julio de 2025, la Sección Primera acumulaba 10.187 recursos de apelación en materia de extranjería. Incluso resolviendo procedimientos al máximo ritmo estimado —unas 1.200 sentencias al año—, el tribunal necesitaría algo menos de nueve años para liquidar el volumen de asuntos pendientes, sin contar los nuevos recursos que continúan entrando.

Pese a que en 2025 descendió el número total de asuntos registrados en la jurisdicción contencioso-administrativa canaria —16.309 frente a los 19.970 del año anterior—, el TSJC advierte de que la presión derivada de los procedimientos de extranjería sigue condicionando gravemente el funcionamiento de la Justicia en Tenerife. El resultado, según refleja la propia memoria judicial, es un sistema desbordado por las impugnaciones contra las órdenes de devolución de inmigrantes llegados ilegalmente por mar, con retrasos que repercuten en el conjunto de la Administración de Justicia en Canarias.