La invasión de Ceuta estalló este jueves apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumiera de la nueva etapa abierta con Argelia y calificara de «punto de inflexión» el acercamiento entre ambos países.

El miércoles, durante su tradicional despacho de verano con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Almudaina de Palma, Sánchez aludió a las relaciones diplomáticas con Argelia al ser preguntado por su encuentro del pasado 20 de julio con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, y el primer ministro, Sifi Ghrieb.

El jefe del Ejecutivo se mostró optimista ante la recuperación de los vínculos con Argel y aseguró que el entendimiento permitiría impulsar las repatriaciones de los inmigrantes ilegales que llegan a las costas de Baleares a través de la ruta argelina.

«Creo que hay un punto de inflexión a consecuencia de esta visita. Una de las cuestiones que yo le trasladé al presidente Tebboune y a su Gobierno es la necesidad de activar los mecanismos de repatriación de manera mucho más intensa», afirmó ante los medios locales.

Las declaraciones se produjeron mientras Baleares afronta una llegada incesante de pateras desde Argelia, una ruta ya consolidada que mantiene bajo presión a las autoridades del archipiélago.

Apenas unas horas después, la frontera terrestre y marítima de Ceuta sufrió un asalto masivo. Centenares de personas trataron de entrar de forma ilegal en la ciudad autónoma bordeando el espigón fronterizo y superando los controles de acceso.

La situación obligó a reforzar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y alteró el funcionamiento habitual de la frontera. La presión se produjo ante la pasividad de Marruecos, cuya cooperación resulta decisiva para impedir las entradas desde su territorio.

La coincidencia temporal entre el acercamiento de Sánchez a Argelia —principal rival regional de Marruecos— y la invasión de Ceuta ha vuelto a situar el equilibrio diplomático en el norte de África en el centro del debate. Por ahora, no existe una confirmación oficial que permita establecer una relación causal entre ambos episodios.

Exteriores intenta apaciguar a Marruecos

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha salido al paso para desvincular el asalto fronterizo de las relaciones entre España y Argelia. El departamento dirigido por José Manuel Albares encuadra lo ocurrido dentro de las «oscilaciones habituales» de la presión inmigratoria procedente del norte de África.

Exteriores también ha reiterado el compromiso del Gobierno con la protección de las fronteras españolas y de la Unión Europea. Su reacción busca contener las sospechas sobre una posible respuesta de Rabat al restablecimiento de las relaciones entre Madrid y Argel.

El pasado 20 de julio, el Ejecutivo celebró el giro diplomático y aseguró que «España ve a Argelia no solo como un país vecino, sino como un socio estratégico y, sobre todo, como un país amigo».

La visita sirvió para anunciar la celebración en otoño de la VIII Reunión de Alto Nivel entre ambos países. El Gobierno señaló entonces como uno de los principales ejes de la cooperación la «gestión de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo».

«El diálogo es la base sobre la que se construye todo lo demás», declaró Sánchez durante el encuentro. España y Argelia acordaron también «el refuerzo del diálogo político, el fortalecimiento del partenariado económico y una mayor cooperación en el ámbito regional e internacional».

Ambos gobiernos defendieron además la necesidad de «reforzar la cooperación entre dos países llamados a actuar como puente entre Europa y África». Sánchez sostuvo que «solo trabajando juntos podremos afrontar con éxito los retos que más preocupan a nuestras sociedades, como son el coste de la vida, la seguridad y la emergencia climática».

El asalto a Ceuta, apenas unos días después de aquella visita y horas después de que Sánchez ensalzara sus resultados, vuelve a evidenciar la fragilidad de la política española en el Magreb y la capacidad de Marruecos para convertir la frontera de la ciudad autónoma en un instrumento de presión sobre el Gobierno.