La inversión en prevención de incendios, que incluye limpieza y creación de cortafuegos y tratamientos selvícolas, se ha reducido en torno al 50% en la última década. Según los últimos datos consolidados de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) y el Ministerio para la Transición Ecológica, la partida destinada a estas labores pasó de unos 364 millones de euros en 2009 a 175,8 millones en 2022, lo que supone un recorte de más del 51%.
Mientras el gasto en extinción se ha mantenido prácticamente estable —alrededor de 417 millones anuales—, la prevención, clave para reducir la intensidad de los fuegos, ha quedado estancada tras el fuerte descenso de 2011 y nunca ha recuperado los niveles previos a la crisis. El peso de estas partidas dentro del presupuesto total contra incendios ha caído del 47% al 30%.
El recorte se traduce en un mantenimiento deficitario de las infraestructuras básicas. En varias zonas de España, los cortafuegos llevan más de una década sin limpiezas periódicas. Un caso paradigmático es el de amplias áreas de la Sierra de Madrid, donde trabajos de perfilado y retirada de combustible vegetal adjudicados hace once años quedaron paralizados y no se han retomado desde entonces, según denuncias de empresas del sector forestal. En Galicia, un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea alertó en 2025 de que en 2024 sólo se preveían actuaciones en menos de un tercio de los cortafuegos existentes, que deberían revisarse cada tres años.
Esta situación se agrava con el abandono rural y la acumulación de biomasa, que convierten franjas pensadas para frenar el fuego en zonas tan inflamables como el resto del monte. Las carreteras, tradicionalmente usadas como barreras naturales, también pierden eficacia por el exceso de vegetación en márgenes y medianas.
La Ley de Montes obliga a las comunidades autónomas a incluir en sus planes anuales tratamientos selvícolas, áreas cortafuegos y puntos de agua que deben ejecutar los propietarios. Sin embargo, la falta de financiación y la complejidad de los permisos han dejado muchas de estas actuaciones aplazadas o incompletas. Abrir o mantener un cortafuegos sin la autorización correspondiente puede acarrear sanciones que, en casos graves, alcanzan cientos de miles de euros, como ocurrió en el Parque Nacional de Cabañeros.
Expertos y organizaciones forestales coinciden en que cada euro invertido en prevención ahorra hasta cien en extinción. Mientras 2025 y 2026 registran superficies quemadas de récord, la brecha presupuestaria sigue sin cerrarse y deja a municipios y montes cada vez más expuestos a incendios de sexta generación, más intensos y difíciles de controlar.
