La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha reclamado este martes al Ministerio de Defensa la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La decisión llega después de que el departamento dirigido por Margarita Robles remitiera al juzgado varios informes con numerosos fragmentos censurados, impidiendo conocer información considerada fundamental para esclarecer lo ocurrido durante aquellas jornadas.

La magistrada considera imprescindible acceder a las comunicaciones originales de los servicios de inteligencia para determinar qué autoridades españolas conocían las advertencias sobre la llegada de miles de inmigrantes, cuándo recibieron esos avisos y qué medidas adoptaron. También pretende esclarecer el posible papel desempeñado por las autoridades marroquíes y las actuaciones desarrolladas por los organismos españoles responsables de la seguridad fronteriza.

Uno de los principales interrogantes afecta a la identidad de los destinatarios de las alertas. Según recoge el auto judicial, el CNI únicamente identifica al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta y a un contacto de la unidad UCE-3 de la Guardia Civil como receptores de determinadas comunicaciones operativas. Sin embargo, el nombre de este último funcionario permanece oculto, una circunstancia que Tardón cuestiona al entender que resulta necesario conocer quién recibió directamente aquellas informaciones.

La juez también exige que se especifiquen las fechas, horas y contenidos de los mensajes intercambiados entre los agentes de inteligencia y los responsables de seguridad. En particular, reprocha que Defensa no haya facilitado los detalles de los contactos mantenidos con el Gabinete de la Delegación del Gobierno durante la crisis migratoria. Tampoco se ha aclarado quién recibió las notas estratégicas del CNI, puesto que la documentación se limita a señalar de forma genérica que fueron trasladadas a «las autoridades» o «los organismos correspondientes», sin precisar sus destinatarios.

El malestar en la Audiencia Nacional se produce después de comprobar que los documentos enviados por Defensa conservaban buena parte de las ocultaciones que ya aparecían en la información difundida por Moncloa durante septiembre. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial describieron aquella documentación como «muy decepcionante» y aseguraron que estaba repleta de tachaduras. Además, los informes aportados se centraban principalmente en actuaciones realizadas por los servicios de inteligencia después de los momentos más críticos de la entrada masiva, sin incorporar la totalidad de las advertencias previas solicitadas por el juzgado.

En su resolución, Tardón advierte de que el material entregado «no ofrece una respuesta completa a todas las cuestiones formuladas», pese a tratarse de asuntos de especial importancia para la investigación penal. La juez recuerda igualmente que había solicitado expresamente los informes y notas utilizados por el CNI, así como las gestiones necesarias para levantar su clasificación. Sin embargo, la documentación recibida no acredita que se haya tramitado la correspondiente petición de desclasificación.

La investigación judicial pretende reconstruir tanto los acontecimientos de finales de julio como la información disponible antes de que se produjera la entrada masiva. Para ello, Tardón considera esencial acceder a los testimonios de los funcionarios que participaron en las comunicaciones y que tuvieron conocimiento directo de los hechos. La nueva exigencia judicial sitúa nuevamente bajo el foco al Ministerio de Defensa, responsable de facilitar la documentación reclamada, en un momento en el que Margarita Robles ocupa el segundo puesto de la candidatura socialista por Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.