La jueza a cargo de la investigación del accidente de Adamuz, Cristina Pastor, ha ordenado a Adif que se abstenga de realizar cualquier intervención en la infraestructura ferroviaria relacionada con el siniestro sin autorización judicial previa, advirtiendo de que el incumplimiento de esta instrucción podría acarrear responsabilidades penales.

La magistrada ha dictado una providencia tras conocer que personal de la empresa pública retiró fragmentos de las vías pocos días después del descarrilamiento y llevó a cabo ensayos sobre ese material sin comunicarlo al Juzgado de Montoro, que dirige la causa. La actuación fue detectada por la Guardia Civil, que informó al órgano judicial, según avanza El Confidencial.

Según la documentación remitida por los investigadores, entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero, cuatro días después del accidente, un responsable de área de Adif ordenó extraer varios trozos de carril, incluidos algunos con soldaduras. Estas piezas fueron trasladadas a la base de mantenimiento de alta velocidad situada en Hornachuelos, en la provincia de Córdoba.

En esas instalaciones, técnicos de la compañía realizaron pruebas cuyo alcance exacto no ha quedado esclarecido. Posteriormente, en las declaraciones tomadas por los agentes, se indicó que los ensayos se centraron en la dureza del material y que no habrían sido destructivos. No obstante, la Guardia Civil advirtió de que entre los fragmentos trasladados podrían encontrarse soldaduras que debían ser analizadas por la comisión encargada de investigar el accidente ferroviario.

El episodio salió a la luz el 30 de enero, cuando los agentes acudieron de nuevo a la zona del siniestro para efectuar mediciones adicionales en el bogie y el eje de uno de los vagones implicados, así como en las soldaduras del tramo. En ese momento se les comunicó que los restos que pretendían examinar ya no se encontraban en el lugar.

Tras constatar esta situación, la Guardia Civil remitió un aviso a Adif para que no realizara ninguna actuación sobre dichos elementos sin el visto bueno del juzgado. Posteriormente, los fragmentos almacenados en Hornachuelos fueron precintados y se solicitó el traslado de las piezas consideradas más relevantes para el análisis.

La providencia judicial exige ahora a la empresa dependiente del Ministerio de Transportes que devuelva de inmediato todo el material retirado y que cese cualquier manipulación de pruebas sin control judicial. Asimismo, recuerda que la autorización para acceder a la zona del accidente y comenzar los trabajos de reconstrucción de la vía no se comunicó hasta el 28 de enero, por lo que cualquier intervención anterior debía contar con el permiso expreso de la autoridad judicial.

La decisión de la magistrada busca garantizar la preservación de las evidencias y evitar posibles alteraciones en los elementos clave para esclarecer las causas del descarrilamiento, un aspecto central en la investigación en curso.