La jueza que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra dispone ya de un informe que sostiene que el Gobierno aprobó la ayuda pública pese a que la compañía incumplía los requisitos exigidos para acceder a fondos estatales. El documento ha sido presentado por el sindicato Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, encargado de esclarecer la operación.

El informe, adelantado por El Debate, describe una cadena de irregularidades que afecta al rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra por la SEPI y concluye que la operación vulneró tanto la normativa europea como las condiciones fijadas por el propio Ejecutivo para el fondo de apoyo a la solvencia.

Según el documento, el elemento que invalida de raíz la ayuda resulta claro. Plus Ultra era una empresa en crisis antes de la pandemia, una circunstancia que excluye de forma automática el acceso a este tipo de ayudas conforme a la normativa de la Unión Europea. El reglamento comunitario sobre ayudas de Estado prohíbe rescatar compañías que ya se encontraban en situación crítica antes del estallido del Covid-19, un criterio que, según el informe, no se respetó en este caso.

Los datos económicos que obran en el documento apuntan a una situación financiera deficitaria desde el origen de la aerolínea. Plus Ultra cerró todos sus ejercicios con pérdidas y mantuvo un desequilibrio patrimonial estructural, sin relación directa con la crisis sanitaria. Para Manos Limpias, esta realidad impedía legalmente que la empresa pudiera ser beneficiaria de un fondo diseñado para compañías viables afectadas de forma excepcional por la pandemia.

El informe también desmonta otro de los argumentos clave esgrimidos por el Gobierno. Plus Ultra no tenía la consideración de empresa estratégica. Operaba un número muy limitado de rutas, todas ellas cubiertas por otras aerolíneas con mayor capacidad, carecía de aviones en propiedad y no contaba con una cuota de mercado relevante para la conectividad aérea del país. A juicio del sindicato denunciante, estos datos hacían imposible justificar el rescate en términos de interés general.

La documentación remitida al juzgado señala además la existencia de un préstamo previo superior a seis millones de euros que Plus Ultra no devolvió. Esta deuda, contraída con un fondo extranjero desde 2017, agravaba su fragilidad financiera y evidenciaba dificultades para atender compromisos económicos incluso antes de recibir dinero público. El informe subraya que este antecedente debía haber sido valorado en el análisis de viabilidad.

Otro aspecto relevante es el rechazo del sistema financiero a respaldar a la aerolínea. Tanto la banca privada como las líneas avaladas por el ICO descartaron conceder financiación debido a la mala situación económica de la compañía. Para Manos Limpias, este hecho resulta incompatible con la decisión del Estado de asumir el riesgo con fondos públicos, eludiendo los filtros que aplican las entidades privadas.

El informe cuestiona también las condiciones especialmente favorables del rescate. La ayuda se articuló mediante un préstamo participativo y otro ordinario, con plazos amplios, intereses reducidos y garantías limitadas, pese al elevado riesgo que presentaba la empresa. Según el documento, estas condiciones refuerzan la tesis de que la operación no respondió a criterios estrictamente técnicos.

Por último, el escrito pone el foco en la estrecha vinculación de Plus Ultra con Venezuela, tanto por el origen de su capital como por el perfil de sus rutas y su estructura societaria. Aunque la sede social se encontraba en Madrid, el informe sostiene que el control efectivo de la aerolínea y su operativa estaban ligados al país hispanoamericano, un factor de riesgo adicional que, a juicio del sindicato, no fue valorado de forma adecuada.