La Junta de Andalucía acaba de poner fin a las subvenciones destinadas a tres ONG que gestionaban viviendas de acogida y programas de inserción laboral para inmigrantes ilegales sin hogar, una decisión que afecta a Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta. El Ejecutivo de Juanma Moreno ha comunicado que no renovará los contratos de un programa financiado mayoritariamente con fondos europeos y que contaba con un presupuesto de 6,4 millones de euros. La medida llega cuatro meses después del acuerdo de Gobierno entre PP y VOX, que contempla la revisión del gasto público y la eliminación de aquellas ayudas cuya utilidad no pueda acreditarse de forma directa.

La decisión afecta a un programa que ofrecía 315 plazas de alojamiento temporal en las ocho provincias andaluzas, distribuidas entre la Fundación SAMU (132), Inserta (93) y Cruz Roja (90). Según los datos facilitados por las propias organizaciones, buena parte de sus beneficiarios eran extranjeros: el 80% de los usuarios atendidos por Inserta, más del 60% de los acogidos por SAMU y el 45% de quienes utilizaban los recursos de Cruz Roja. Estos porcentajes reflejan una elevada presencia de población inmigrante en unas instalaciones financiadas con recursos públicos.

La suspensión de las ayudas coincide con uno de los compromisos económicos recogidos en el pacto entre PP y VOX, que establece la reducción progresiva, hasta su posible supresión, de las subvenciones que no contribuyan de manera directa y verificable a mejorar la calidad de vida de los andaluces. El acuerdo también incorpora el principio de «prioridad nacional», defendido por la formación de Santiago Abascal para favorecer el acceso de los españoles a determinadas prestaciones públicas.

Desde la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, dirigida por Loles López, explican que el proyecto concluirá al finalizar su periodo de vigencia y que cualquier decisión posterior dependerá de la evaluación de sus resultados. Las organizaciones beneficiarias, por su parte, aseguran que la Administración les ha trasladado motivos presupuestarios y la necesidad de establecer prioridades en el destino de los recursos disponibles.

El programa comenzó a desarrollarse en 2023 con una duración inicial de dos años y posteriormente recibió varias ampliaciones. Su financiación procedía en un 85% de fondos europeos, mientras que el porcentaje restante correspondía a aportaciones estatales y autonómicas. Las viviendas permitían alojar temporalmente a inmigrantes ilegales sin hogar mientras participaban en itinerarios de formación, búsqueda de empleo e incorporación al mercado laboral. La estancia habitual rondaba los doce meses, aunque el límite general previsto era de dieciocho.

La revisión de estas subvenciones se produce en un contexto de debate sobre la distribución de las ayudas públicas y los resultados de los programas sociales. VOX ha defendido reiteradamente la necesidad de reducir el gasto que considera prescindible, revisar la financiación de ONG y sindicatos y dar prioridad a las necesidades de los ciudadanos españoles. La finalización de estos contratos supone una reducción de la financiación pública de las tres entidades para este programa concreto, aunque no consta que la Junta haya demostrado que su ejecución resultara ineficaz o que la nacionalidad de los beneficiarios haya determinado la decisión.

Andalucía continúa afrontando, mientras tanto, importantes problemas de sinhogarismo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía calcula que más de 8.000 personas carecen de vivienda, mientras que los últimos datos del INE citados en la información sitúan la cifra en 5.539. El Ejecutivo autonómico tendrá que determinar ahora cómo reorganiza sus políticas de atención a este colectivo tras el cierre de un programa que formaba parte de su estrategia contra la exclusión residencial.

La decisión abre así una nueva etapa en la revisión de las subvenciones sociales de la Junta, en línea con el objetivo general de controlar el gasto público recogido en el acuerdo entre PP y VOX. Su resultado dependerá de si la Administración consigue reasignar los recursos de manera más eficaz y garantizar que las personas vulnerables que todavía dependen de estos alojamientos dispongan de alternativas.