El juez de guardia de El Hierro ha ordenado este jueves el inicio del procedimiento para la devolución a sus países de origen de 85 de los 119 ocupantes del cayuco que llegó el pasado martes al puerto de La Restinga, el último en alcanzar la isla, según han confirmado fuentes judiciales.
La decisión se ha adoptado una vez transcurrido el plazo máximo de 72 horas de detención policial, después de que estas 85 personas comparecieran ante la autoridad judicial. El magistrado ha autorizado su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramita su expulsión de España.
De forma transitoria, los afectados permanecerán en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés, en El Hierro, hasta que la Policía Nacional gestione su traslado a un centro de internamiento no penitenciario. No obstante, su situación jurídica ya ha cambiado, ya que el auto judicial permite que permanezcan privados de libertad hasta un máximo de 60 días, el límite establecido por la legislación española para este tipo de procedimientos.
Este expediente se produce en un nuevo contexto normativo marcado por la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyas medidas comenzaron a implementarse el pasado 12 de junio en Canarias. La entrada en vigor de este marco comunitario coincidió con la visita del papa León XIV al centro de primera acogida de inmigrantes de Las Raíces, en Tenerife, y contempla un endurecimiento de las condiciones para quienes acceden de forma ilegal a la Unión Europea, además de ampliar los periodos de detención y dar prioridad a las devoluciones.
Desde la puesta en marcha de estas medidas, este constituye el mayor expediente de internamiento de inmigrantes en un CIE con vistas a su expulsión que se ha tramitado en Canarias.
Las expulsiones y devoluciones requieren, sin embargo, un procedimiento administrativo y diplomático complejo que en numerosas ocasiones no llega a completarse. Entre los principales obstáculos figuran las dificultades para obtener la colaboración de los países de origen, que en muchos casos retrasan o rechazan la aceptación del retorno forzoso de sus ciudadanos.
Según los últimos datos de Eurostat, España ejecutó 5.705 expulsiones durante 2025. Esta cifra incluye tanto a inmigrantes rescatados en el mar como a ilegales que accedieron al país por vía aérea con visado de turista y permanecieron en territorio español una vez expirado el permiso de estancia. En contraste, solo a Canarias llegaron el pasado año 17.788 personas a bordo de pateras y cayucos.
El cayuco interceptado el martes en La Restinga había partido nueve días antes desde la localidad de Barra, en Gambia, según la información recabada por los servicios de emergencia de El Hierro. Entre sus 119 ocupantes viajaban ciudadanos de Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Senegal y Mali.
En la embarcación también viajaban siete mujeres y cinco menores de edad, cuya situación se tramita conforme a los protocolos específicos de protección previstos por la normativa vigente.