La Justicia australiana acaba de dictar una sentencia que se traducirá en una sanción de casi 500 millones para el Estado español, un nuevo revés en la larga controversia internacional por los recortes a las energías renovables.
El fallo, emitido por el Tribunal Federal de Australia, da plena validez a cuatro laudos arbitrales que en conjunto suman 469 millones de euros, sin contar los intereses y las costas judiciales.
El juez que instruyó los procesos rechazó de forma tajante los alegatos de inmunidad soberana esgrimidos por el Ejecutivo español y avaló los argumentos de los inversores en todos los puntos. Entre las cantidades fijadas destacan 290,6 millones en favor de NextEra, 77 millones para Watkins, 59,6 millones en el caso RREEF y 41,7 millones para 9REN.
Fuentes cercanas al procedimiento subrayan que el magistrado fue especialmente crítico con la estrategia procesal de la Abogacía del Estado, a la que calificó de poco efectiva y excesivamente onerosa. Con esta decisión, se abre la posibilidad de que los demandantes pidan embargos de bienes españoles en territorio australiano, algo que ya estaba sobre la mesa desde mediados de 2023, cuando el Tribunal Supremo del país reconoció oficialmente las deudas de España con estas compañías.
En el punto de mira se encuentran desde hace tiempo los activos de Navantia en Australia, cuya valoración ronda los 120 millones de euros. A finales del pasado año, un tribunal local llegó a describir a España como un «deudor recalcitrante», lo que incrementa la probabilidad de que se produzcan embargos efectivos a corto plazo.
