La Justicia española ha puesto en libertad a tres inmigrantes acusados de violar a una mujer durante una travesía en patera hacia Lanzarote después de concluir que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para perseguir los hechos porque presuntamente ocurrieron en aguas internacionales.

Los sospechosos —dos ciudadanos malienses y uno burkinés de 21, 25 y 30 años— habían ingresado inicialmente en prisión provisional después de que la víctima denunciase haber sido agredida sexualmente durante el viaje desde Tan-Tan, en Marruecos, hacia Canarias. La denuncia no se sustentaba únicamente en el testimonio de la mujer.

Otro pasajero de la embarcación corroboró ante los investigadores su versión de los hechos, según fuentes judiciales citadas por EFE. A pesar de ello, los tres acusados han quedado en libertad.

La propia Fiscalía pidió que fueran liberados

La decisión no responde a que la Fiscalía haya descartado la agresión denunciada, sino a un problema estrictamente jurídico. La patera fue localizada por Salvamento Marítimo a unos 131 kilómetros de Canarias, fuera de las aguas territoriales españolas.

La embarcación tampoco tenía bandera española y tanto la víctima como los tres investigados son extranjeros sin residencia habitual en España. Estas circunstancias llevaron a la Fiscalía de Canarias a concluir que los tribunales españoles no tienen competencia legal para perseguir la presunta violación.

El Ministerio Público terminó, por tanto, solicitando al Tribunal de Instancia de Lanzarote que dejara en libertad a los tres hombres. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece como regla general que España puede perseguir los delitos cometidos en territorio nacional o a bordo de buques y aeronaves españoles, con las excepciones previstas en la propia legislación y los tratados internacionales.

«Impotencia» en la propia Fiscalía

El caso ha provocado malestar dentro del propio Ministerio Público. Una fiscal directamente implicada ha reconocido a EFE la «impotencia» que sienten ante una situación en la que existe una denuncia por violación respaldada además por un testigo, pero la legislación impide continuar el procedimiento en España.

La paradoja es especialmente llamativa porque España sí dispone de mecanismos legales para perseguir otros delitos cometidos en pateras en alta mar.

Después de la crisis migratoria de Canarias de 2006, el Congreso reformó la legislación para permitir que los tribunales españoles procesaran a los patrones de embarcaciones que transportan inmigrantes irregularmente hacia España, aunque fueran interceptados fuera de las aguas territoriales.

Desde 2007, esa competencia puede extenderse también a determinados delitos derivados directamente de la conducción de la patera, como una muerte causada por naufragio, deshidratación o condiciones extremas durante la travesía.

Sin embargo, esa ampliación no cubre automáticamente delitos independientes cometidos a bordo, como una agresión sexual o determinados homicidios atribuidos a pasajeros que no gobiernan la embarcación.

La Fiscalía pide cambiar la ley

Ante el caso de Lanzarote, la Fiscalía de Canarias ha reclamado formalmente a las Cortes Generales una reforma legislativa. Su propuesta consiste en aplicar a delitos graves cometidos a bordo de pateras con destino a España un criterio parecido al que ya permite perseguir a los patrones.

De esta manera, si pudiera acreditarse que una embarcación navega hacia territorio español, los tribunales tendrían competencia para investigar también agresiones sexuales, asesinatos u otros delitos graves perpetrados durante la travesía, aunque hayan ocurrido en aguas internacionales.

La Fiscalía considera que el caso actual evidencia un agujero en la normativa que puede provocar que hechos graves denunciados al llegar a Canarias queden fuera del alcance de los tribunales españoles.

La mujer denunció los hechos al llegar a Lanzarote

La patera fue rescatada por Salvamento Marítimo durante la madrugada del pasado 16 de septiembre, después de que parte de sus ocupantes hubiera caído al mar. Una vez en Lanzarote, la mujer fue atendida en el Hospital José Molina Orosa de Arrecife y presentó posteriormente una denuncia por la presunta agresión sexual.

La investigación policial permitió identificar y detener a los tres sospechosos, para quienes un juez acordó inicialmente prisión provisional. Días después, sin embargo, la cuestión territorial obligó a revisar completamente el procedimiento.