El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado en calidad de investigada a María Leire Díez Castro, exmilitante del PSOE y conocida por su papel como mediadora en los círculos internos del partido, por su presunta implicación en un caso de cohecho y tráfico de influencias. La comparecencia está fijada para el próximo 11 de noviembre, fecha en la que también deberán declarar como testigos el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, ambos mencionados en la denuncia que ha dado origen a esta causa.
Según la resolución judicial adelantada por El Confidencial, Díez habría mantenido una reunión en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn —procesado por un supuesto fraude relacionado con hidrocarburos— en presencia de los citados Dolset y Teijelo. Durante ese encuentro, la exmilitante socialista le habría propuesto a Hamlyn un presunto pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, orientado a evitar su condena penal a cambio de datos comprometedores sobre un alto mando de la Guardia Civil.
La figura central a la que apuntaba esa maniobra era el teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica dentro de la Unidad Central Operativa (UCO), y quien lidera investigaciones clave que afectan directamente al entorno familiar y político del presidente del Gobierno: desde el llamado «caso Koldo» hasta las pesquisas sobre el hermano y la esposa de Pedro Sánchez, además del fiscal general del Estado.
Las diligencias parten de una denuncia en la que se sostiene que Díez habría actuado por encargo, con el objetivo de desactivar las investigaciones de la UCO sobre presuntos delitos cometidos por dirigentes del PSOE. En una grabación, se puede oír cómo la propia Díez sugiere reiteradamente a Hamlyn que sustituya a su abogado de entonces, José Antonio Choclán, por Teijelo, quien también se habría dirigido al empresario para obtener información clasificada sobre el funcionamiento interno de la Guardia Civil.
En otra grabación exclusiva, Pérez Dolset reconoce explícitamente que tanto Pedro Sánchez como el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, estaban al tanto —e incluso al frente— de la operación en cuestión. Como dato relevante, Cerdán ha contratado recientemente a Jacobo Teijelo como su letrado en el marco del caso Koldo, cerrando así el círculo de nombres implicados directa o indirectamente en esta compleja trama.
La investigación, que ahora cobra impulso judicial, podría suponer un giro importante en varios procedimientos sensibles que afectan a figuras clave del panorama político actual, especialmente si se confirma que hubo intentos organizados de obstruir el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado.
