El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles ha ordenado localizar a Isidoro Román Cuesta, colaborador de Diario Red, el medio dirigido por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, después de que no haya recogido la citación para declarar como investigado en una causa por presunto acoso digital, discriminación, asociación ilícita y descubrimiento de secretos.

Según una diligencia de ordenación adelantada por La Razón, el tribunal había citado a Román Cuesta para comparecer el próximo 25 de septiembre, a las 10.00 horas, pero la comunicación judicial no ha sido recogida. Ante esta situación, la letrada de la Administración de Justicia ha ordenado averiguar su domicilio actual para proceder a su citación mediante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La causa tiene su origen en la querella presentada por el abogado Jesús Santorio, conocido en X por el perfil @SrLiberal. En agosto de 2025, el juzgado abrió diligencias contra Román Cuesta, Pablo Iglesias, su medio de comunicación y otras cuatro personas después de que se difundiera públicamente la identidad del letrado que utilizaba ese pseudónimo en las redes sociales.

Santorio sostiene que fue víctima de una campaña de señalamiento y acoso digital después de que su identidad fuera revelada. La práctica de divulgar información personal o descubrir la identidad de una persona que utiliza un pseudónimo en Internet se conoce habitualmente como «doxeo».

El procedimiento también ha situado bajo el foco el papel desempeñado por Pablo Iglesias en la difusión de los contenidos. Un informe de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional incorporado a la causa analizó varias publicaciones realizadas por el exlíder de Podemos desde su cuenta de X, con más de dos millones y medio de seguidores.

Los agentes recogieron, entre otros mensajes, una publicación de Iglesias del 8 de mayo de 2025 en la que compartió un artículo que identificaba a Santorio y se refería a él como «fascista» y «ultraderechista». Según el informe policial, la difusión desde una cuenta con semejante alcance incrementó la exposición pública del abogado y el riesgo de hostigamiento.

La Policía consideró que el contenido podía producir una «discriminación indirecta o contextual» por identificar plenamente al afectado y utilizar determinadas etiquetas ideológicas como mecanismo de exclusión social. Los investigadores añadieron que la intervención de Iglesias amplificó el mensaje y favoreció su viralización mediante comentarios, republicaciones y citas.

La investigación continúa ahora pendiente de la declaración de Román Cuesta. La orden del juzgado para averiguar su domicilio y citarlo policialmente llega después de que el investigado no haya recogido la comunicación judicial que le convocaba a comparecer el día 25. Por el momento, la diligencia conocida no equivale a una orden de busca y captura.

La Fiscalía rechaza el «alejamiento digital»

En paralelo, la Fiscalía se ha pronunciado en contra de las medidas cautelares solicitadas por Santorio contra Román Cuesta. El abogado había pedido que se estableciera una suerte de «alejamiento digital» mientras permaneciera abierta la investigación.

La petición incluía impedir al investigado mantener comunicación con Santorio y prohibirle mencionarlo o referirse a él en espacios públicos de Internet, atendiendo a la naturaleza de los hechos denunciados.

La última palabra corresponde ahora a la instructora, que deberá decidir si acepta esa medida de protección o sigue el criterio del Ministerio Público y la rechaza. Mientras tanto, el juzgado mantiene la citación de Román Cuesta como investigado y ha recurrido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar que la convocatoria judicial llegue a su destinatario.