El Tribunal de Instancia de Ceuta ha abierto diligencias por posibles delitos de trata de seres humanos y explotación sexual de menores tras la entrada masiva de inmigrantes ilegales del pasado 30 de julio. Así consta en una providencia consultada por The Objective, que sitúa a la Fiscalía como parte denunciante en el procedimiento.

El instructor ha requerido a la Policía Nacional que informe sobre la posible captación de niñas extranjeras para someterlas a explotación sexual y sobre la existencia de viviendas utilizadas con ese propósito. Mediante un oficio remitido el pasado martes, solicita que se precise si estos hechos han dado lugar a atestados y si han sido trasladados a los tribunales. De existir procedimientos anteriores, pide identificar los juzgados responsables, los números de las actuaciones y su situación procesal.

La petición judicial toma como referencia dos informaciones publicadas por El Mundo y Vozpópuli. La primera apuntaba a la detección de pisos pertenecientes a vecinos ceutíes de origen marroquí donde presuntamente se explotaba sexualmente a menores llegadas a finales de julio. La segunda señalaba que los investigadores manejaban indicios de captación de niñas inmigrantes y habían localizado inmuebles en los que podrían haberse cometido esos abusos. El magistrado reclama ahora que la Policía confirme qué actuaciones se han desarrollado sobre los hechos descritos por ambos medios.

Otro de los puntos que el juez pretende esclarecer es el supuesto desplazamiento a Ceuta, durante agosto, de un equipo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. El oficio pregunta si esa unidad acudió a la ciudad para investigar estos hechos y si practicó diligencias relacionadas con la llegada masiva de inmigrantes.

El magistrado también requiere información sobre la posible existencia de una organización dedicada a captar a las menores y pide aclarar si alguno de los episodios mencionados ya está siendo instruido o ha sido juzgado. La apertura de diligencias busca esclarecer esas sospechas y determinar qué investigaciones existen, sin que suponga que los hechos hayan quedado judicialmente acreditados.