La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó en su último informe al exministro de Transportes José Luis Ábalos un «papel relevante» y de «responsabilidad» en la trama del caso Koldo y pidió al juez de la Audiencia Nacional que le investigue. Ábalos siempre fue un hombre de confianza de Pedro Sánchez, uno de sus principales ministros, además de número 3 del PSOE.
El Instituto Armado sostiene que «se debería investigar qué relación tendría el exministro» con la «organización criminal y los hechos investigados. Y explica que —gracias a las «evidencias intervenidas a Aldama y Koldo» y las conversaciones interceptadas— «hallaron relación de carácter económico» entre De Aldama y Koldo-Ábalos.
La Guardia Civil también precisa que «las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar de manera indiciaria como De Aldama se valió de su relación con Koldo-Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa».
Según consta en el informe, el 16 de julio de 2020 reunieron el presidente del Gobierno, a quien De Aldama en conversaciones con personas de su círculo más próximo se refiere como «el 1»; Nadia Calviño, a quien denomina «la de Hacienda», y Ábalos. Y señala que Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de que la dirigente chavista Delcy Rodríguez haría una visita privada a España y que le había pedido verse «discretamente». El jefe del Ejecutivo no puso «pegas».
El informe de la UCO aporta nuevos indicios contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Y cabe sumar las investigaciones que afrontan la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y su hermano, David Azagra, imputado por malversación, delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de influencias y prevaricación.
En otras causas hay que mencionar, por ejemplo, a José Vélez, secretario general del PSOE en la Región de Murcia, procesado por delitos de prevaricación y malversación en la organización de un festejo taurino cuando fue alcalde de Calasparra, o a Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia, cesado tras su detención en el caso Azud. Así, la Justicia señala por corrupción a 30 personas del entorno político (PSOE) y familiar de Sánchez.