Desde la aprobación de la norma en octubre de 2022, el censo exterior ya ha crecido un 20%
Consulado de España en Argentina.
Por LGI
6 de julio de 2026
La concesión masiva de la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática amenaza con transformar por completo el peso del voto exterior en las próximas elecciones generales. Los 2,4 millones de solicitudes presentadas por descendientes de españoles podrían elevar hasta cerca de cinco millones el número de ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Desde la aprobación de la norma en octubre de 2022, el censo exterior ya ha crecido un 20%, al pasar de 2,2 a 2,7 millones de electores. La cifra seguirá aumentando a medida que los consulados resuelvan los expedientes pendientes, con unas tasas de denegación que no superan el 2%.
El resultado podría ser un cuerpo electoral exterior equivalente al de toda la provincia de Madrid. España cuenta con 35,7 millones de electores residentes en territorio nacional, mientras que los españoles con derecho a voto desde el extranjero podrían rozar los cinco millones cuando concluya la tramitación de las solicitudes.
El impacto político dependerá de la participación. Si se mantiene el 10% registrado en las elecciones generales de 2023, cerca de medio millón de votos podrían llegar desde el extranjero. Una cifra con capacidad para resultar decisiva en las circunscripciones más ajustadas, donde unos pocos miles de papeletas pueden determinar la adjudicación del último escaño.
El propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoció tras las generales de 2023 que el voto CERA podía «alterar el reparto de un último escaño en hasta nueve provincias». Finalmente, el PP logró arrebatar al PSOE un diputado por Madrid gracias al recuento del voto exterior.
Más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reveló en abril en México que 2,45 millones de descendientes de españoles habían solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Hasta marzo se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes y aprobado 545.000 solicitudes. De ellas, 306.500 habían completado ya la inscripción en el registro consular, último paso para obtener la nacionalidad.
El plazo para presentar solicitudes concluyó en octubre de 2025 después de una prórroga, pero el volumen de expedientes pendientes ha desbordado la capacidad de numerosos consulados. El Gobierno ha recurrido incluso al apoyo de personal externo de empresas públicas como Ineco en Argentina o Palco, dependiente del régimen cubano, para gestionar las peticiones.
El origen de la avalancha está en la interpretación de la llamada Ley de Nietos. La norma nació con el objetivo declarado de reparar la pérdida de la nacionalidad de los descendientes de españoles exiliados, pero una instrucción del Ministerio de Justicia amplió el número de potenciales beneficiarios.
La instrucción fue firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. El texto permite acceder a la nacionalidad no sólo a los descendientes de quienes abandonaron España por motivos políticos, ideológicos o de persecución, sino también a «los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles».
En la práctica, la interpretación permite acogerse al procedimiento a descendientes de la emigración económica e incluso remontarse a españoles que abandonaron el país en el siglo XIX.
Una ampliación que el Congreso no aprobó
La extensión del acceso a la nacionalidad no fue aprobada en esos términos por el Congreso. Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, la Cámara rechazó una enmienda de Ciudadanos que pretendía ampliar el derecho a recuperar la nacionalidad a los descendientes de españoles que hubieran abandonado el país.
La posterior instrucción del Ministerio de Justicia abrió, sin embargo, una vía mucho más amplia sin una nueva votación parlamentaria.
El responsable de Análisis Sociales de CEU-Cefas, Alejandro Macarrón, cuestiona la relación entre el número de exiliados y la avalancha de solicitudes.
«El exilio fue relativamente reducido. Las estimaciones de diversos estudios apuntan a que entre 30.000 y 50.000 exiliados republicanos españoles se establecieron en América tras la Guerra Civil», señala.
Macarrón plantea una pregunta ante la magnitud alcanzada por el proceso: «¿Cómo es posible entonces que en Argentina haya un millón de solicitudes y en Cuba sean más de 350.000 los que optan a la nacionalidad española?».
El letrado de las Cortes Manuel Pulido también considera que «la instrucción hace una interpretación muy generosa de la ley».
«Antes había rigidez en la nacionalidad y ahora se ha abierto la mano. La instrucción está llena de pequeños agujeros o excepciones para flexibilizar la concesión», sostiene.
Los nuevos españoles pueden elegir su circunscripción electoral
El aumento del CERA ha abierto además el debate sobre el procedimiento mediante el que los nuevos españoles residentes en el extranjero quedan adscritos a una circunscripción electoral.
Los ciudadanos que nunca han residido en España deben inscribirse en el municipio de mayor arraigo propio o de alguno de sus ascendientes. Si desconocen el lugar de procedencia de sus antepasados, la oficina consular determina de oficio el municipio de inscripción con los datos disponibles.
Este mecanismo resulta relevante porque los votos del exterior no se contabilizan en una circunscripción específica, sino que se incorporan a las provincias españolas. Su influencia puede crecer en los territorios donde el último escaño se decide por un margen reducido.
La polémica coincide con el aumento de la desconfianza política en torno al voto exterior y con las críticas de VOX y el PP al Gobierno por la falta de información sobre el proceso de nacionalización.
Los últimos datos facilitados por el Ejecutivo corresponden a marzo. La ausencia de cifras actualizadas impide conocer cuántas solicitudes han sido aprobadas desde entonces y cuántos nuevos ciudadanos han quedado ya incorporados al censo electoral.
El PSOE gana peso entre los electores del exterior
Los resultados de las últimas elecciones autonómicas han aumentado las sospechas sobre la futura influencia del CERA. El PSOE se impuso en el voto exterior en los últimos comicios celebrados en Andalucía, Castilla y León y Aragón pese a sufrir fuertes retrocesos entre los electores residentes en España.
En las elecciones generales de 2019, los socialistas también superaron al PP entre los residentes en el extranjero, mientras que en 2023 fueron los populares quienes obtuvieron más apoyos.
La participación exterior, además, podría seguir creciendo. Después de caer por debajo del 5% durante los años del llamado voto rogado, la eliminación de este sistema permitió que en las generales de 2023 se acercara de nuevo al 10%.
El Gobierno ha introducido este año otro cambio para coordinar la concesión de la nacionalidad con la matrícula consular, trámite que permite la incorporación al censo y el ejercicio del derecho al voto.
Con 2,4 millones de solicitudes pendientes de completar su tramitación y un censo exterior que ya alcanza los 2,7 millones de personas, la aplicación de la Ley de Nietos puede convertir al voto CERA en un factor con un peso desconocido hasta ahora en la política española.