La inmigración ilegal se ha disparado en Baleares: ya han llegado casi tantos inmigrantes como en todo 2023 y aún restan más de cuatro meses para cerrar el año. Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2025 se han contabilizado 4.800 personas llegadas en patera, una cifra muy cercana a la registrada en todo el ejercicio anterior, cuando fueron 5.882. Eso significa que ya se ha alcanzado el 81,6% del total de 2024 y todo apunta a que la estadística será ampliamente superada al terminar diciembre.
El crecimiento del fenómeno es muy evidente si se analiza la evolución de la última década. En 2016 apenas arribaron dos embarcaciones, mientras que en 2024 lo hicieron 330, lo que supone un salto del 16.400%. Desde 2019 la tendencia ha sido claramente ascendente, situando a las Islas en un punto crítico de entrada de inmigración irregular en el Mediterráneo.
La situación preocupa al Ejecutivo autonómico, que este jueves reunirá a la presidenta Marga Prohens con los responsables de los consejos insulares para coordinar una respuesta común. El director general de Inmigración, Manuel Pavón, calificó los datos de «alarmantes» y criticó que el Gobierno central «esté negando la realidad» en lugar de afrontar el problema con medidas firmes. Según dijo, las soluciones provisionales adoptadas hasta ahora «no son efectivas» y lo que se necesita es una estrategia integral. Sin embargo, cabe destacar que en el pasado acordaron con el Gobierno de Sánchez seguir aceptando la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas).
Entre las demandas de la administración balear figura el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyos sindicatos ya han advertido de que carecen de recursos suficientes para gestionar esta situación. Pavón reclamó además el apoyo de la Unión Europea, con un mayor despliegue de Frontex en las islas y acuerdos de cooperación con Argelia para frenar la salida de embarcaciones.
Por otro lado, la Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia advirtió de que la llegada de menores extranjeros está provocando un colapso sin precedentes en los servicios de acogida. Según sus datos, la capacidad está sobrepasada en más de un 1.000%, lo que hace imposible garantizar una atención adecuada. Desde el área se exige al Ejecutivo central financiación extraordinaria, refuerzo de personal y más recursos para poder afrontar una crisis que califican de «insostenible».
