El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta colapsa ante la presión migratoria de las últimas semanas, con cerca de 1.100 personas alojadas en unas instalaciones diseñadas para poco más de 500. La saturación ha obligado a habilitar espacios provisionales que no estaban preparados para acoger a ilegales de forma continuada, lo que ha disparado la preocupación entre los trabajadores y las autoridades locales.

La llegada constante de nuevos inmigrantes, especialmente por la frontera terrestre con Marruecos, está desbordando los mecanismos de acogida. En paralelo, el Ejecutivo ha iniciado traslados hacia la península con el objetivo de reducir la sobrecarga, enviando grupos a centros de distintas comunidades autónomas, principalmente en Andalucía. Sin embargo, esta medida apenas logra aliviar la presión, ya que el flujo de entradas no se detiene y el centro vuelve a llenarse en cuestión de días.

Para hacer frente a la falta de espacio, se han improvisado alojamientos en zonas como garajes, áreas deportivas o tiendas de campaña. Esta situación ha provocado dificultades en la asistencia sanitaria, en la distribución de alimentos y en la gestión administrativa de los expedientes, generando retrasos y un ambiente de tensión tanto entre los residentes como entre los profesionales que trabajan en el dispositivo.

Sindicatos y organizaciones sociales alertan de la escasez de medios humanos y materiales. Según denuncian, la convivencia en condiciones de hacinamiento eleva el riesgo de conflictos y pone en peligro la salud y la seguridad dentro del recinto. Los responsables del centro insisten en que la situación se acerca a un punto crítico si no se refuerzan de forma urgente los recursos.

El escenario también ha provocado críticas desde el ámbito europeo. Varios eurodiputados cuestionan la política de regularización impulsada por el Gobierno español y piden que se aborde el fenómeno migratorio con mayor coordinación comunitaria. Mientras algunos consideran que la estrategia responde a cálculos políticos, otros advierten de que puede entrar en conflicto con la línea marcada por la Comisión Europea y reclaman medidas más contundentes para gestionar la frontera exterior.