La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez –propuesta por el Gobierno– será la encargada de elaborar la ponencia sobre el recurso del PP y el de Ciudadanos contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de español en las aulas y la ponencia del recurso contra la ley de Educación conocida como «Ley Celáa».
Esta ponencia, que estaba en manos del magistrado saliente Antonio Narváez, ha recaído en Díez después de que el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, haya repartido este martes las ponencias que estaban a cargo de los magistrados que salieron del Constitucional el pasado 9 de enero tras la renovación parcial del órgano.
Cabe señalar que Díez firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje de clases en español en las aulas de la comunidad autónoma.
Según consta en el portal web del propio ente, firmó el dictamen sobre la proposición de ley relativa al uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria y el dictamen sobre el decreto-ley que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
Díez ocupó puestos de relevancia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así, de 2018 a 2020 fue directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia; desde febrero de 2020 hasta 2022 ostentó el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia… y ya después pasó a formar parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat –nombrada por el Parlament–.
De 2004 a 2010 fue adjunta al Defensor del Pueblo catalán, puesto al que llegó después de haber sido una de las asesoras del Gobierno de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña (2002-2004) con los gobiernos de Jordi Pujol (CiU) y Pasqual Maragall (PSC).
