Pilar Alegría y Francisco Salazar comieron ayer lunes en un céntrico restaurante de Madrid, concretamente en un establecimiento italiano situado en el barrio de Chueca, a escasos metros del Congreso de los Diputados. Según ha podido confirmar Artículo14, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno no tenía ningún acto oficial programado en su agenda ese día, por lo que la cita ha despertado un evidente interés político.

El encuentro ha reavivado las especulaciones sobre la relación entre ambos, especialmente después de que Salazar —uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez— se viera obligado a abandonar sus cargos tras las denuncias por presunto acoso laboral de varias trabajadoras en Moncloa. El ex secretario de Acción Electoral del PSOE iba a ser designado adjunto a la Secretaría de Organización del partido el pasado verano, pero su nombramiento se frustró cuando salieron a la luz los testimonios.

En aquel momento, fue precisamente Alegría quien salió en su defensa. «Es un compañero absolutamente íntegro», dijo entonces, destacando que lo conocía desde hacía años y que hablaba desde su experiencia personal. Sin embargo, tras la dimisión de Salazar, la ministra moderó su postura y calificó su salida como un paso «necesario», respaldando la «investigación interna» que el PSOE aseguró que pondría en marcha para aclarar los hechos.

Esa supuesta investigación, no obstante, nunca ha dejado rastro público. Las denuncias fueron anónimas, no se formalizaron a través del canal interno del partido y terminaron en la Comisión de Ética y Garantías, donde el asunto quedó archivado sin consecuencias conocidas.

El Partido Popular, por su parte, ha exigido en repetidas ocasiones explicaciones a Salazar y al Ejecutivo, preguntando si el caso había sido trasladado a la Fiscalía o si se le había abierto un expediente disciplinario. También planteó si el presidente Sánchez estaba al tanto de las denuncias desde 2018, una posibilidad que diversas fuentes que trabajaron en Moncloa aseguraron a este mismo medio: «Lo sabía todo el mundo», afirmaron.

Tras el escándalo, el Gobierno prometió reforzar los mecanismos internos contra el acoso dentro de la Administración. Fruto de esa reacción, en septiembre se organizaron los llamados cursos de «concienciación» dirigidos al personal público para fomentar el uso de los canales oficiales de denuncia. Sin embargo, las sesiones no fueron de asistencia obligatoria pese a lo que establece el Real Decreto 247/2024. «Son voluntarias y se imparten en horario laboral; animamos a todos los empleados a participar», señalaba el correo remitido desde Presidencia.