El jueves, durante la presentación de los informes finales ante el Tribunal Supremo, la número dos de Álvaro García Ortiz, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, dejó claro que, a su juicio, el fiscal general no debía enfrentarse a una condena. Argumentó que, cuando él consultó el correo en el que la defensa de Alberto González Amador planteaba un pacto, el secreto del empresario ya había perdido cualquier protección porque —según sostuvo— lo conocían “muchos medios”.

Ese alegato pretendía cerrar el debate, pero la sensación al término del juicio apunta a un horizonte mucho más complicado para García Ortiz. La nota de prensa que él ordenó difundir, cuya redacción supervisó y que se preparó tras revisar los correos de la negociación, se ha convertido en un escollo evidente para su absolución. Tanto su defensa como la propia teniente fiscal son conscientes de que ese comunicado se ha transformado en el punto más delicado del caso, hasta el extremo de concentrar buena parte del debate en la recta final de la vista.

El flanco más débil aparece, precisamente, en el contenido de la nota. El fiscal general y su defensa explicaron por qué decidieron hacer público el comunicado con urgencia, pero no lograron ofrecer una justificación incontestable sobre la inclusión del polémico segundo punto. Ese párrafo detallaba de forma expresa la propuesta de conformidad, mencionaba el reconocimiento del delito por parte del empresario y citaba literalmente la referencia a “dos delitos contra la Hacienda Pública”. Según el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, esa afirmación no sólo provocó un perjuicio objetivo a su cliente, sino también “dolor”.

Para desmontar la acusación, la Abogacía del Estado intentó construir una defensa basada en dos pilares. Por un lado, situó en el centro al propio González Amador, al afirmar que él mismo compartió los correos con el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y con el periodista de El Mundo, Esteban Urreztieta. Ese gesto —dijo— habría roto el carácter reservado de la negociación. Por otro lado, recurrió a los testimonios de varios periodistas, especialmente de El País y la cadena Ser, quienes aseguraron que conocían la existencia de la oferta de pacto antes incluso de que García Ortiz la viera y de que apareciera mencionada en la nota de prensa. Su tesis es simple: sin secreto no puede existir delito.

Las acusaciones, sin embargo, rechazan ese planteamiento. Un abogado de las populares subrayó que lo que conociesen “nueve periodistas y una política” no borra la responsabilidad del fiscal general. Otro puso el ejemplo de una violación múltiple para remarcar que el conocimiento previo por parte de terceros no exime al autor final. Todos coincidieron en que la actuación de García Ortiz debe considerarse punible.

El letrado del novio de Ayuso fue aún más gráfico y sostuvo que el fiscal no sólo cometió el delito, sino que preparó su propia coartada. Lo resumió así: “El Ministerio Fiscal, como parte de la conformidad, manifiesta con voz institucional la posición de la otra parte”. Para él, la nota oficial funcionó como un sello institucional que consolidaba la versión perjudicial para su cliente. La presunta filtración previa a la Ser —que da por hecha— serviría, irónicamente, para defender la idea de que el contenido ya era público.

Con el juicio ya cerrado, comienza la fase decisiva. Siete magistrados deberán deliberar hasta alcanzar una unanimidad que a estas alturas no parece sencilla. Incluso los policías apostados a las puertas del Supremo preguntaban al despedirse: “¿Cómo pinta?”. La impresión final no favorece precisamente a Álvaro García Ortiz.