La okupación en España ha alcanzado un punto de no retorno. Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, en lo que va de 2025 el 57% de las víctimas de okupación e inquiokupación ya ni siquiera denuncia y opta por soluciones extrajudiciales, hartos de la inacción del Gobierno y de la parálisis judicial.
Entre enero y agosto de este año, la plataforma ha recibido 3.019 llamadas de nuevos afectados: 560 casos de okupación (18,55%) y 2.459 de inquiokupación (81,45%). Lo más alarmante es que 1.749 de estas víctimas no habían denunciado aún, y más de un millar ya manifestaba directamente su intención de resolver el conflicto fuera de los tribunales para evitar procesos largos e inútiles.
El fenómeno se ha disparado: en 2023 apenas un 18,8% de los afectados decía preferir una vía extrajudicial; en 2024 el porcentaje subió al 22,8%. En 2025 ya supera el 57%, un incremento del 34,5% respecto al año pasado.
La Plataforma de Afectados advierte de que esta tendencia refleja una alarma social creciente: «La falta de una ley antiokupación, las sucesivas prórrogas del decreto antidesahucios —origen de la inquiokupación— y la ausencia de medidas legislativas han creado un clima de descrédito hacia el sistema judicial».
Mientras el Ejecutivo de Sánchez y sus socios de Sumar siguen mirando hacia otro lado, los propietarios se ven obligados a recurrir a empresas de desokupación o a organizarse en plataformas ciudadanas. «El Gobierno ha abandonado a las víctimas de la okupación y está alimentando la impunidad de los delincuentes«, denuncian desde la plataforma.