La asociación Quórum Social 77, que gestiona el 35% de los menores extranjeros no acompañados (menas) tutelados en Canarias, factura 173.250 euros diarios —5,2 millones al mes— a razón de 90 a 94 euros por mena, mientras dos de sus centros han sido clausurados por presuntos malos tratos, amenazas e insultos racistas. Esta ONG, que mueve un negocio millonario con la inmigración ilegal, está bajo el escrutinio del Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas, según información exclusiva obtenida por LA GACETA.

Quórum Social 77 gestiona 1.925 plazas para menas, uno de cada tres de los 5.484 tutelados por el Gobierno de Canarias, según datos oficiales a fecha 18 de julio. En 2024, la entidad recibió contratos por 6,97 millones de euros para operar once centros en Gran Canaria y Tenerife, incluyendo Firgas, Fortaleza V, Salinetas, Teror, Mujica, San Nicolás, Hoya Fría II, Corvo I, San Juan IV, Tirajana I y Tacoronte VI. Con un coste de 90 a 94 euros diarios por menor, Quórum ingresa hasta 173.250 euros al día, alcanzando 5,2 millones mensuales cuando sus plazas están completas. Este modelo, financiado con fondos públicos, ha crecido con la reactivación de la ruta atlántica con destino a las Islas Canarias desde 2019.

El escándalo comenzó en mayo, cuando la Dirección General de Protección a la Infancia denunció ante la Fiscalía quejas de menores en el centro La Fortaleza I, con 45 adolescentes magrebíes y subsaharianos, por malos tratos, amenazas e insultos racistas. El juez ordenó su cierre por delitos como lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, amenazas y atentados contra la integridad moral. El pasado jueves, el centro de Arinaga, con 148 menas, también fue clausurado, y el de Firgas, inspeccionado. Los menas de Arinaga fueron reubicados en 21 recursos de Gran Canaria. Fuentes policiales consultadas por LA GACETA han señalado que muchos centros de Quórum acumulaban conatos de violencia, sistemáticamente ocultados para proteger su imagen y contratos.

Dos directivos de la ONG fueron detenidos el jueves por la Policía y liberados con cargos, en una causa bajo secreto de sumario. En mayo, nueve empleados de Santa Brígida fueron arrestados tras registros que confirmaron las denuncias. Las clausuras afectan a unas 200 plazas de las 1.925 gestionadas por Quórum. La ONG, fundada en 2009 como entidad sin ánimo de lucro, ya gestionaba contratos como uno de 2,22 millones en 2022 para menores con discapacidad, pero su papel en la inmigración ilegal la ha convertido en un pilar del sistema de acogida.