La ONG Quorum Social 77, financiada con dinero público para la gestión de menores extranjeros no acompañados (menas), obliga a sus trabajadores a firmar contratos de confidencialidad que les impiden hablar de lo que ocurre dentro de sus centros.

El documento, adelantado por el usuario @CanarioToday, incluye cláusulas que prohíben expresamente a los empleados divulgar cualquier información sobre la entidad, sus trabajadores, clientes o cualquier otra persona relacionada con la organización, tanto durante la relación laboral como después de finalizarla.

En la cláusula cuarta, el contrato establece que el trabajador «no difundirá o divulgará a persona alguna ningún secreto comercial y/o empresarial o información relativa al negocio o asuntos de la sociedad», extendiendo la prohibición incluso a «información de carácter personal relativa a los demás empleados, clientes o a cualquier otra persona relacionada con la sociedad».

La quinta cláusula añade que, tras extinguirse la relación laboral «por cualquier causa», el trabajador deberá devolver toda la documentación, informes, listas de clientes, materiales o archivos pertenecientes a la ONG, incluyendo aquellos que la entidad considere confidenciales.

De este modo, la organización impone un silencio contractual que, en la práctica, impide a los empleados denunciar posibles irregularidades, negligencias o mala gestión dentro de los centros donde operan. Estas condiciones convierten al trabajador en un cómplice pasivo de un sistema blindado frente a la transparencia pública.

El contrato pertenece a Quorum Social 77, una asociación con sede en Santa Cruz de Tenerife que recibe financiación pública para la atención y tutela de menores extranjeros no acompañados. Según la información visible en el documento, la entidad se reserva incluso el control sobre los datos personales de los empleados, obligándolos a canalizar cualquier solicitud a través de su departamento administrativo.

Estas políticas contractuales, habituales en el sector privado, adquieren un matiz especialmente controvertido cuando se aplican en organizaciones subvencionadas con fondos públicos. En este caso, la confidencialidad no protege secretos industriales, sino la gestión interna de recursos públicos destinados a la protección de menores.

La práctica plantea interrogantes éticos y legales sobre los límites de la confidencialidad en entidades financiadas por el Estado. Impedir que los trabajadores hablen de posibles irregularidades supone, de facto, una censura preventiva y una barrera para la transparencia.