La ofensiva internacional contra una de las tradiciones culturales más arraigadas de España suma un nuevo capítulo. El Comité de los Derechos del Niño de Organización de las Naciones Unidas ha recomendado al Estado español y a las comunidades autónomas que prohíban el acceso de menores de 18 años a corridas de toros, festejos populares y escuelas taurinas, en una nueva advertencia que apunta directamente contra la tauromaquia.

Según recoge The Objective, la recomendación figura en el informe de Observaciones Finales tras el séptimo examen de España ante el Comité, publicado este jueves. En el documento, el organismo afirma sentirse «preocupado» porque los niños sigan presenciando «violencia y muerte» durante los festejos taurinos celebrados en todo el país, y reclama que se fije sin excepciones la edad mínima de 18 años para participar o asistir a cualquier actividad relacionada con los toros.

Además, Naciones Unidas insta a España a desplegar campañas de «sensibilización» dirigidas a funcionarios públicos, medios de comunicación y a la población en general, con el objetivo de advertir sobre los supuestos «efectos negativos» que la tauromaquia tendría sobre los menores, incluidos los simples espectadores.

La recomendación ha sido celebrada de inmediato por organizaciones antitaurinas como la Fundación Franz Weber, que ha recordado que esta es ya la segunda vez que el Comité reprende a España por esta cuestión. Desde la fundación denuncian lo que consideran un «negacionismo» de los derechos de la infancia por parte de algunos territorios y llegan a cuestionar el papel de las familias, negándoles la capacidad de decidir sobre la educación cultural de sus hijos.

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez avanza en la misma dirección. El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, anunció la semana pasada su intención de prohibir la asistencia y participación de menores en actividades donde se ejerza «violencia contra los animales», incluyendo expresamente los espectáculos taurinos y la caza, mediante una ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (LOPIVI).