La política de «regularización» masiva impulsada por el Gobierno ya tiene destinatario. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha anunciado que está dispuesta a ofrecer hasta 160.000 puestos de trabajo a los inmigrantes que sean beneficiados por la medida extraordinaria que podría afectar a unos 500.000 ilegales.

El presidente de la patronal de dependencia, Ignacio Fernández-Cid, ha defendido que el sector arrastra un «déficit estructural» de profesionales y que la regularización puede convertirse en una oportunidad para cubrir vacantes en residencias, ayuda a domicilio y servicios comunitarios. Eso sí, ha reclamado un plan «urgente» de formación y acreditación para evitar lo que él mismo reconoce como riesgos en la calidad asistencial.

La propuesta se produce en un momento en el que el Ejecutivo ha abierto la puerta a una regularización de gran magnitud, una medida que distintos sectores vienen señalando como un potente efecto llamada y como un incentivo indirecto a la inmigración ilegal. Ahora, parte del tejido empresarial se posiciona para absorber esa bolsa de nuevos trabajadores.

La patronal sostiene que una regularización «bien orientada» permitiría aflorar empleo actualmente vinculado a relaciones laborales informales y mejorar la cotización y estabilidad contractual. Sin embargo, admite que sin una planificación rigurosa podrían producirse problemas como saturación administrativa, precariedad laboral encubierta o incremento de incidencias asistenciales por falta de competencias.

En un sector especialmente sensible como el de los cuidados, la propia federación advierte de que la calidad no es un concepto abstracto, sino que implica movilizaciones seguras, prevención de caídas, higiene, alimentación y atención emocional adecuada. Incorporar personal sin formación suficiente, reconocen, puede generar riesgos tanto para los usuarios como para los propios trabajadores.

La FED ha solicitado que el proceso se articule a través del Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (PACP), con el objetivo de convertir experiencia previa en cualificación oficial. No obstante, el debate de fondo trasciende lo laboral: la regularización masiva reabre la discusión sobre el modelo migratorio, el impacto en los servicios públicos y la prioridad que se otorga a la contratación de nacionales en sectores estratégicos.