El brote de peste porcina africana que afecta, de momento, a varios municipios catalanes expone el desastre causado en el campo por una gestión pública (del Gobierno nacional y de los autonómicos), basada en criterios impuestos por los ecologistas y, también, por el abandono de enormes áreas, donde ya apenas vive gente, ni siquiera algunos de esos inmigrantes que vienen a pagarnos las pensiones.

Cada vez es más frecuente que los habitantes de las ciudades vean animales salvajes en sus urbanizaciones y otros lugares. Este verano aparecieron en las playas de Cala de Mijas y Calahonda (Málaga) para sorpresa de los veraneantes.

Entre el vaciamiento del campo, la persecución de la caza y la concepción edénica de una fauna que se autorregula sin intervención humana, el número de animales salvajes se ha disparado. El de jabalíes en la Península ronda los dos millones. Se trata de una especie muy prolífica y omnívora, cuyos miembros, al no encontrar alimento para las manadas crecientes, se acercan a los núcleos urbanos, a fin de alimentarse de la comida arrojada a la basura.

Aparte de la destrucción de cultivos, de la transmisión de enfermedades y del riesgo para los seres humanos, ya que pueden ser violentos cuando están criando, causan miles de accidentes de tráfico. Según la DGT, en 2024 se produjeron más de 36.000 incidentes con implicación de fauna silvestre, lo que supone ya uno de cada tres siniestros en carreteras interurbanas. Ocho personas murieron en ellos y 549 quedaron heridas. En Castilla y León, el 61% de los siniestros en carretera se produjeron por colisión de los vehículos con animales, principalmente jabalíes y corzos. En la última década este tipo de accidente se ha duplicado, ya que en 2013 se registraron 17.170.

Como ocurre desde que Pedro Sánchez es presidente, las administraciones o bien no hacen nada o bien toman medidas ridículas. Varias comunidades, como Madrid y Andalucía, han contratado a arqueros para controlar las poblaciones de estos animales, a pesar de lo cual los ecologistas no dejan de protestar. La única manera efectiva de reducir la población de estas especies (jabalíes, ciervos, corzos y zorros) es mediante la caza, actividad a la que se opone el sector más animalista del Gobierno de izquierdas y las legislaciones nacionales y regionales con múltiples trabas y cargas.

Ahora, debido a la amenaza de la peste porcina, que puede destruir la industria del cerdo en España, parece que las administraciones van a recurrir a los cazadores con armas de fuego, aunque, como de costumbre, será tarde.

Nunca en España se han cazado tantos jabalíes como en los últimos años. La población, sin embargo, no para de aumentar por los motivos ya explicados. Según el Anuario de Estadísticas Agrarias del Ministerio, en 1985 los jabalíes capturados fueron 32.768; en 1991 por primera vez se superaron los 100.000 ejemplares; en 2011, veinte años más tarde, 209.357; en 2015, fueron 310.280; y en 2021, se contaron 434.542. El último dato recogido por el INE corresponde al año 2023: 443.714 ejemplares. Se trata de la especie de caza mayor más capturada en España. Y no es suficiente.

El siguiente animal en cantidad de capturas es el ciervo, del que en 2022 se mataron 131.219 ejemplares y 165.825 en 2023.

Está comprobado que los cazadores son los únicos que pueden reducir las manadas de jabalíes; pero éstos, como los camioneros, los albañiles, los sastres o los electricistas, están disminuyendo debido al envejecimiento, al desprecio oficial a su actividad y al encarecimiento de ésta.

En 2010, el número de licencias de caza expedidas fue de 1.078.852; desde entonces comenzó una caída imparable. En 2023, había descendido en torno a un 40%, hasta 610.006. ¿Acabará trayendo el Gobierno socialista cazadores marroquíes o peruanos para «hacer el trabajo que los españoles no quieren»?