La Policía Nacional ha detectado la reactivación de al menos tres itinerarios de entrada hacia España después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la regularización de 500.000 inmigrantes a partir de abril. Según fuentes policiales, los movimientos afectan principalmente a ciudadanos procedentes de Pakistán, Afganistán e India, así como a argelinos y marroquíes que estarían llegando desde Francia e Italia con la intención de beneficiarse del proceso extraordinario.
Los especialistas en Extranjería sitúan uno de los trayectos en el Reino Unido, desde donde se cruza el Canal de la Mancha hasta Francia y, posteriormente, se accede a territorio español a través de los Pirineos. Paralelamente, se ha observado un flujo relevante de nacionales argelinos y marroquíes que entran desde Francia, además de desplazamientos organizados desde Italia.
En este último caso, los agentes describen una operativa concreta: el flete de furgonetas con destino a España en las que viajan ciudadanos indios, pakistaníes, marroquíes o argelinos. Estos movimientos coinciden con el anuncio del Ejecutivo y con la falta de directrices claras sobre cómo se articulará el procedimiento, lo que ha generado inquietud interna en las unidades encargadas de aplicarlo.
De acuerdo con fuentes policiales, se han remitido varios correos electrónicos al Ministerio del Interior para trasladar la preocupación existente. Los responsables de Extranjería advierten de la «dificultad» que entraña ejecutar una regularización de esta magnitud sin instrucciones precisas ni refuerzos materiales o humanos. «No sabemos la manera en la que hay que actuar porque no hay instrucciones, ni posibilidades ni tampoco recursos«, señala uno de los mandos consultados.
Además, un informe reciente de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) eleva la cifra potencial de beneficiarios hasta 840.000 personas, una cantidad muy superior a la anunciada inicialmente. La tramitación recaerá sobre las unidades de Extranjería y Fronteras, que deberán gestionar de forma masiva las solicitudes de residencia, comprobar identidades, verificar antecedentes penales y expedir certificaciones administrativas. Los agentes advierten de que la carga añadida puede resultar «letal» para equipos que ya trabajan al límite en todo el país.
Dentro de la estructura policial, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), dedicada a combatir la trata de seres humanos y la inmigración ilegal, custodiará el proceso, junto al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), encargado de labores de inteligencia. Precisamente desde las áreas que investigan el tráfico de personas se alerta de que las organizaciones criminales podrían aprovechar la falta de medios ante la avalancha prevista.
Los especialistas temen que, bajo la apariencia de arraigos fraudulentos, se introduzca en España a mujeres con la finalidad de regularizar su situación y, posteriormente, explotarlas sexualmente. Explican que ya existen casos similares, aunque de dimensión limitada, y advierten de que un proceso masivo multiplicaría el riesgo. Según detallan, algunos grupos organizan la llegada de mujeres desde Colombia, Venezuela y Paraguay.
Otra preocupación reside en la verificación de antecedentes penales en determinados países de origen. Las mismas fuentes señalan que en algunos Estados la corrupción administrativa facilita la obtención de certificados limpios, lo que complica las comprobaciones. Con los recursos actuales y el volumen de solicitudes previsto, reconocen que realizar controles exhaustivos será extremadamente complejo.
El escenario posterior a la regularización también genera recelos. Los agentes apuntan a la posible utilización de la reagrupación familiar como vía de fraude, mediante el pago a personas ya regularizadas para simular vínculos familiares y obtener documentación. Sostienen que estas prácticas ya se detectan, aunque con menor número de solicitantes, lo que facilita su identificación.
Para acreditar la permanencia en España, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que se admitirán documentos públicos o privados, o una combinación de ambos, como empadronamientos, contratos de alquiler, informes médicos o certificados de asistencia a recursos sociales. También se contemplarán justificantes de envío de remesas, una reclamación de distintas entidades sociales ante las dificultades de los inmigrantes en situación irregular para acceder al padrón o a contratos formales. Entre los requisitos figura no tener antecedentes penales.
El plazo para presentar las solicitudes comenzará a principios de abril y se prolongará hasta finales de junio. Entretanto, desde la Policía Nacional insisten en que tanto la cifra de 500.000 personas como la estimación de 840.000 suponen un volumen «difícil de asumir en este momento y en esta circunstancia», advertencia que ya ha sido trasladada al Ministerio del Interior.
