La ciudad autónoma de Melilla afronta en estos momentos una doble presión que preocupa seriamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consultadas por este medio. Por un lado, los datos oficiales provisionales del Ministerio del Interior correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de mayo revelan un repunte claro de la inmigración ilegal.

Las llegadas por vía marítima se han multiplicado por ocho, pasando de 1 inmigrante ilegal en el mismo periodo de 2025 a nueve este año, lo que supone un incremento del 800%. En paralelo, las llegadas por vía terrestre han aumentado un 39,3%, con 78 inmigrantes ilegales frente a los 56 del año anterior.

En paralelo, la amenaza terrorista se mantiene elevada en la ciudad autónoma de Melilla. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior relativos al Mapa de la Lucha contra el Terrorismo Yihadista 2026, actualizados a 27 de abril, en Melilla se han registrado 3 operaciones y 11 detenidos por terrorismo islamista en lo que va de año, lo que representa prácticamente una de cada cuatro detenciones por yihadismo en toda España, donde el total nacional asciende ya a 40 en 2026. Este dato cobra especial relevancia al coincidir con el repunte de la inmigración ilegal en la misma zona, configurando un escenario de doble presión que genera una notable preocupación interna entre los agentes consultados por este medio.

Ante esta situación, el Gobierno ha optado por una estrategia de dispersión de los inmigrantes ilegales alojados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla hacia la Península. Fuentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional confirman que estos traslados se están realizando «con la mayor discreción posible» precisamente por la «alarma interna existente en torno a Melilla en materia de terrorismo». Los agentes consultados reconocen una «enorme preocupación policial ante toda la situación en su conjunto» y señalan que el Ejecutivo está intentando que tanto la presión migratoria como estos movimientos pasen lo más desapercibidos posible.

Los listados internos a los que ha tenido acceso LA GACETA muestran varios traslados recientes. El 22 de abril se enviaron 12 inmigrantes ilegales a Cádiz. El 7 de mayo se trasladaron 3 más a Málaga. Y este lunes se movilizaron 15 adicionales a Cádiz. La mayoría de estos inmigrantes ilegales son varones marroquíes de entre 18 y 32 años gestionados a través de las organizaciones humanitarias FVID-CEAR.

Fuentes de la UCRIF alertan además de la aparición de sujetos procedentes de Egipto a través de las vías de inmigración ilegal hacia Melilla. Según los agentes, este fenómeno «no es únicamente indicativo del abandono de la ruta libia tras las medidas acordadas por Italia», sino que podría estar abriendo una nueva ruta desde países como Egipto, Libia y otros orígenes asiáticos con destino a Melilla. Esta diversificación de los flujos migratorios añade complejidad a un escenario ya de por sí complicado.

Los datos y los traslados documentados muestran una realidad en la que el repunte migratorio se combina con una elevada actividad yihadista en una ciudad fronteriza especialmente vulnerable. Las mafias de tráfico de personas aprovechan las debilidades detectadas tanto en el vallado como en el litoral, mientras los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil operan con la preocupación añadida de que el contexto actual pueda complicar aún más el control de la amenaza terrorista. El Gobierno, por su parte, responde con estos traslados discretos que distribuyen el problema por Andalucía y otras provincias peninsulares en lugar de priorizar devoluciones inmediatas o un refuerzo visible del control fronterizo.

La información facilitada por las fuentes policiales y los documentos internos a los que ha accedido LA GACETA ponen de manifiesto que Melilla se encuentra en un momento delicado en el que la presión migratoria y la amenaza yihadista se retroalimentan. Los agentes consultados insisten en que la discreción en los traslados responde a «una honda preocupación interna». Mientras las mafias continúan adaptando sus rutas y las llegadas se incrementan, la estrategia de «dispersión» se consolida como la respuesta principal del Ejecutivo.