La Policía Nacional ha detectado un incremento de presos inmigrantes de origen argelino que están tramitando su documentación para acogerse al inminente proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno. La alerta ha sido emitida por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Valencia, según publica Okdiario, y trasladada a distintas unidades territoriales ante la posibilidad de que la situación se reproduzca en otros centros penitenciarios del país.
Según fuentes policiales, varios internos, tanto en condición de preventivos como ya condenados, han iniciado gestiones administrativas para intentar beneficiarse del futuro Real Decreto que articulará el proceso. Las mismas fuentes subrayan que, conforme a los criterios adelantados, quedarían excluidos los extranjeros en situación irregular que cuenten con antecedentes penales en los últimos cinco años. No obstante, reconocen que algunos reclusos han decidido presentar igualmente sus solicitudes.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras tiene conocimiento de los hechos y ha reforzado los mecanismos internos de control para prevenir posibles intentos de fraude administrativo. Asimismo, mantiene comunicación constante con responsables policiales en centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana, donde se ha detectado el mayor volumen de expedientes vinculados a internos argelinos.
Fuentes consultadas admiten la posibilidad de que determinados internos puedan obtener la «regularización» si, en el caso de los preventivos, no recae una condena antes de la resolución de sus expedientes. En tales supuestos, la ausencia de antecedentes firmes podría permitir la obtención de permisos de residencia legal en España. Paralelamente, otros reclusos con condenas firmes estarían impulsando trámites con vistas a regularizar su situación una vez extinguidas sus responsabilidades penales.
En este contexto, la Policía Nacional ha advertido de una avalancha de peticiones que tensionará los recursos disponibles. La situación se ve agravada por el hecho de que el sistema automático de filtrado masivo de antecedentes no se encuentra operativo desde hace aproximadamente dos meses. Desde diciembre, el examen de expedientes debe realizarse manualmente, lo que ralentiza la tramitación y aumenta la carga de trabajo de las unidades especializadas en extranjería.
Desde la Policía insisten en que el procedimiento de verificación incluye la comprobación individualizada de antecedentes nacionales e internacionales, así como la validación de la identidad y situación procesal de cada solicitante. La falta de automatización en estos procesos podría prolongar los plazos de resolución y generar acumulación de solicitudes pendientes.
El proceso de «regularización» masiva, aún pendiente de aprobación definitiva, contempla criterios de arraigo y permanencia en territorio español, así como la acreditación de determinados requisitos administrativos. Mientras se ultiman los detalles normativos, las fuerzas de seguridad mantienen activos los protocolos de supervisión.
