
La situación de los agentes de la Policía Nacional desplegados en Ceuta continúa deteriorándose más de un mes después de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos. Los sindicatos policiales denuncian jornadas que superan las 15 horas, falta de medios, contagios de sarna y ausencia de instrucciones claras por parte del Ministerio del Interior para afrontar una crisis que sigue sometiendo a las Fuerzas de Seguridad a una presión extraordinaria, según recoge El Español.
La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado un «colapso absoluto» de los servicios policiales en la ciudad autónoma y ha reclamado al Gobierno nuevos refuerzos. La situación ha vuelto a encender las alarmas después de que una agente destinada en labores relacionadas con la tramitación de solicitudes de asilo haya sufrido un infarto y permanezca ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.
El secretario general de la UFP e inspector jefe de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, ha explicado que la agente estaba destinada en la Oficina de Extranjería y ha apuntado a la posibilidad de que el episodio pueda estar relacionado con el elevado nivel de estrés soportado durante las últimas semanas, aunque serán los médicos quienes deberán determinar si existe alguna relación entre ambas circunstancias.
«Allí sufren jornadas intensivas, de 8.00 a 23.00 horas», ha denunciado Giraldo. Según el sindicato, algunos funcionarios doblan turnos y llegan a superar las 15 horas de trabajo, especialmente en las unidades encargadas de tramitar las solicitudes de protección internacional y los procedimientos relacionados con los miles de inmigrantes que permanecen en Ceuta.
La presión policial se arrastra prácticamente desde el comienzo de la crisis. Agentes desplazados a la ciudad ya habían denunciado jornadas de entre 12 y 16 horas, además de dificultades para encontrar alojamiento y unas dietas insuficientes para cubrir los costes derivados de su desplazamiento.
A este escenario se suma el malestar por la falta de instrucciones concretas del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Javier Otero, representante sindical de la Policía Nacional, denunció semanas atrás la situación de los agentes que debían desalojar de forma reiterada asentamientos improvisados mientras los inmigrantes volvían poco después a ocupar los mismos espacios.
«Estamos jugando al gato y al ratón», describió. Otero responsabilizó entonces a Interior de la situación: «No tenemos órdenes por parte de ellos y muy pocos refuerzos».
Los efectivos denuncian que el problema no se limita a la carga de trabajo. Parte de los policías enviados como refuerzo han tenido que alojarse en instalaciones militares en unas condiciones que los sindicatos han llegado a calificar de «tercermundistas», con colchones deteriorados, almohadas sucias, literas envejecidas y problemas de higiene.
La Confederación Española de Policía (CEP) aseguró la pasada semana que los agentes continuaban alojados en esas condiciones 42 días después del inicio de la crisis y exigió su traslado inmediato a instalaciones adecuadas. El sindicato ha responsabilizado directamente a Marlaska de no haber solucionado una situación que considera incompatible con las condiciones mínimas que deben garantizarse a los funcionarios desplazados.
La situación sanitaria también ha provocado inquietud entre los efectivos desplegados. Se han confirmado casos de sarna entre miembros de la Policía Nacional, mientras que varias decenas de militares destinados en Ceuta también se vieron afectados durante las primeras semanas de la crisis.
Las autoridades sanitarias han sostenido posteriormente que los casos han disminuido y que no existe actualmente un escenario de descontrol epidemiológico. Sin embargo, los sindicatos policiales han reclamado repetidamente mejores medidas de prevención, equipos de protección y condiciones higiénicas adecuadas para los funcionarios que trabajan sobre el terreno.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles llegó a advertir formalmente de la existencia de un «riesgo biológico» para los agentes y reclamó medidas preventivas ante la exposición a enfermedades transmisibles.
Mientras tanto, la Policía sigue afrontando las consecuencias de una crisis migratoria que ha multiplicado las tareas de identificación, extranjería, seguridad ciudadana y tramitación administrativa. Los sindicatos sostienen que los refuerzos enviados son insuficientes y que la falta de planificación está dejando exhaustos a los agentes.
El propio Gobierno aseguró recientemente en el Congreso haber desplegado 500 policías y guardias civiles adicionales hasta elevar a 1.600 el número de efectivos de ambos cuerpos en Ceuta. Sin embargo, las denuncias de quienes trabajan sobre el terreno dibujan una realidad muy distinta a la normalización defendida por el Ejecutivo.