ALGUNOS PADRES REGRESAN PERIÓDICAMENTE A ESPAÑA PARA VISITAR A SUS HIJOS
La Policía ha detectado más de 800 casos de menores extranjeros enviados a España por sus familias para ser acogidos y mantenidos como menas
La Policía ha detectado más de 800 casos de menores extranjeros enviados a España por sus familias para ser acogidos y mantenidos como menas
Un grupo de menas. Europa Press
Por LGI
18 de noviembre de 2026

La Policía Nacional ha detectado en los últimos años más de 800 casos de menores extranjeros enviados a España por sus propias familias para beneficiarse del sistema público de protección a la infancia, según publica OKDIARIO. Los casos se extienden por distintas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña y el País Vasco.

El procedimiento consiste en viajar a España con visados de turista y dejar posteriormente a los adolescentes en territorio nacional para que las administraciones públicas asuman su tutela y manutención. En algunos casos, los menores se presentan ante las dependencias policiales con notas en las que aseguran encontrarse en situación de desamparo.

Según la información publicada por el citado medio, los investigadores han descubierto casos en los que los progenitores regresan periódicamente a España para visitar a sus hijos, cuyo alojamiento, educación y manutención han quedado a cargo de las instituciones públicas.

Como adelantó este lunes La Gaceta, la Policía Nacional ha detenido a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz) por presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal. En el marco de esta investigación se han dictado alrededor de 20 órdenes de búsqueda y detención.

Las pesquisas, desarrolladas por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia y Alicante, han permitido identificar a familias procedentes del Magreb con recursos económicos suficientes para obtener visados de turista.

Los adolescentes investigados, de entre 16 y 17 años, habían accedido a territorio nacional a través de los aeropuertos de Madrid, Valencia, Málaga, Murcia y Barcelona. Además, la mayoría disponía de familiares adultos que residían legalmente en España, según han constatado los agentes.

Los investigadores sospechan que, además de conseguir que las administraciones españolas sufraguen los gastos de manutención y educación de los adolescentes, algunas familias pretenden facilitar su posterior establecimiento en España mediante los mecanismos legales de residencia y reagrupación familiar.

La investigación policial ha puesto de manifiesto la existencia de un aprovechamiento presuntamente fraudulento de los recursos públicos destinados a proteger a los menores extranjeros que se encuentran en situación de desamparo.

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