Cinco agentes antidroga de la comisaría de Alcalá de Guadaíra han sido imputados por hasta diez delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, cohecho, apropiación indebida y contra la salud pública. También se les acusa de omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, coacciones, robo con fuerza en domicilio, allanamiento de morada y revelación de secretos.
Los acusados, un subinspector y cuatro policías, integraban el grupo de estupefacientes, creado recientemente en dicha comisaría. Todos ellos fueron detenidos el martes durante una operación llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) central y Asuntos Internos, que ha culminado, por el momento, con 35 arrestos, según adelanta el Diario de Sevilla.
Las investigaciones sobre este caso comenzaron hace aproximadamente seis meses y se han mantenido en estricta confidencialidad desde su inicio, una medida que sigue vigente. Durante este tiempo, se han efectuado escuchas, seguimientos y otras acciones propias de este tipo de indagaciones. En el transcurso de la operación, se realizaron 27 registros en Alcalá de Guadaíra y otros municipios cercanos como Utrera, Los Palacios, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera y Dos Hermanas. En varios de estos lugares, la Policía incautó drogas, incluyendo un kilo de cocaína y pequeñas cantidades destinadas al menudeo. Sin embargo, en los domicilios de los agentes no se encontraron sustancias ilícitas, aunque sí fueron registrados a primera hora de la mañana.
Uno de los aspectos que se está investigando es la posible reventa de objetos incautados en operaciones antidroga. En este sentido, los agentes presuntamente colaboraban con un chatarrero de Alcalá de Guadaíra, también detenido, quien era responsable de deshacerse de equipos empleados en plantaciones de marihuana, como focos, balastros y aparatos de aire acondicionado. Aunque en teoría debía destruir estos elementos, se sospecha que los revendía, repartiéndose los beneficios con los policías. No se ha esclarecido aún el nivel de implicación de cada agente en estas actividades o si todos estaban al tanto.
El pasado martes, los agentes investigados comparecieron ante las autoridades, pero se acogieron a su derecho a no declarar. Se prevé que pasen a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Guadaíra este jueves. Mientras tanto, la operación sigue en curso, y ya se han liberado a algunos de los 31 detenidos civiles, la mayoría con antecedentes relacionados con el narcotráfico. Durante la investigación, muchos de estos civiles prestaron declaración ante la Policía.
La intervención de Asuntos Internos ha generado una gran conmoción en la comisaría de Alcalá de Guadaíra, donde todos los empleados, tanto policías como personal administrativo, fueron cacheados al inicio de sus turnos. Los registros y precintos en las taquillas, junto con la retirada temporal de los teléfonos móviles, incrementaron la tensión en una comisaría ya afectada por una crisis interna desde la llegada del comisario jefe, Elías Manuel Navarro Dorado, en febrero. Desde entonces, 26 agentes han solicitado baja médica por ansiedad o depresión, y varios expedientes disciplinarios han sido abiertos por supuestas irregularidades en las estadísticas. Además, el grupo de Policía Judicial ha visto reducida su plantilla a solo dos efectivos.
El martes, los agentes de Udyco y Asuntos Internos entraron en la comisaría cargados con materiales incautados, entre los que se incluían conectores eléctricos para plantaciones de marihuana, bombonas de gas y escopetas, cuyos detalles aún no han sido completamente revelados. Aunque el impacto de esta operación continúa siendo objeto de investigación, aún no se ha hecho público el balance completo de la misma.
