La Policía Nacional ha calculado que en un primer momento los inmigrantes ilegales que podrían beneficiarse del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno superarían ampliamente las previsiones oficiales. Según un informe interno elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), el número inicial de solicitudes podría situarse entre el millón y 1,35 millones de personas, una cifra muy superior a las estimaciones difundidas por el Ejecutivo.

Este análisis, fechado a finales de enero, advierte de que sólo entre 750.000 y un millón de extranjeros en situación irregular residentes en España intentarían obtener la documentación en una primera fase. A este grupo se sumarían entre 250.000 y 350.000 solicitantes de asilo que también tratarían de acogerse al procedimiento. Los especialistas policiales consideran que, debido a la flexibilidad de los requisitos previstos, la gran mayoría de las peticiones serían aprobadas.

Las cifras contrastan con las defendidas públicamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien situó el alcance de la medida en torno a las 500.000 personas. El jefe del Ejecutivo sostuvo esta previsión en un artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times y en entrevistas concedidas a medios internacionales, aunque no ha detallado ante la opinión pública española la metodología empleada para ese cálculo. La iniciativa fue anunciada semanas antes por Irene Montero, dirigente de Podemos, que manejó un volumen similar de beneficiarios.

Más allá del impacto inmediato, el estudio policial alerta de consecuencias a medio y largo plazo. Entre ellas, la percepción exterior de España como un país más tolerante con la inmigración ilegal, lo que podría incentivar nuevas llegadas. Los analistas destacan la intensa repercusión mediática del anuncio, especialmente en Iberoamérica, donde la medida se interpreta como una oportunidad para regularizar la situación administrativa en territorio español. De hecho, el CNIF ha recopilado información difundida en redes sociales y foros de internet, en diversos idiomas, sobre cómo acceder al proceso.

Los expertos también prevén movimientos secundarios dentro del espacio Schengen. Al no haberse restablecido controles sistemáticos en las fronteras interiores, estiman que entre 200.000 y 250.000 inmigrantes podrían desplazarse cada año desde otros países europeos hacia España. Asimismo, anticipan un cambio de rutas en la inmigración marítima, con un trasvase desde el Mediterráneo central y oriental hacia la fachada occidental, lo que incrementaría las llegadas por mar entre 6.000 y 12.000 personas adicionales anualmente.

Otro fenómeno señalado en el informe es el crecimiento de las entradas por vía aérea. Los especialistas calculan que el flujo procedente de las denominadas «áreas directas» podría aumentar entre un 8% y un 10%, lo que equivaldría a entre 35.000 y 45.000 personas al año. Se trata, principalmente, de ciudadanos iberoamericanos y, en menor medida, asiáticos que acceden como turistas y prolongan su estancia más allá del periodo autorizado.