La Operación Senen de la Policía Nacional ha destapado alquileres clandestinos en Ceuta tras la invasión registrada a finales de julio y ha permitido sacar a la luz un negocio basado en el alojamiento irregular de inmigrantes en viviendas, garajes, trasteros y otros espacios.

Según avanza El Faro de Ceuta, la operación, desarrollada esta semana por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, se ha saldado con la detención de dos personas y la primera condena relacionada con estas prácticas tras los acontecimientos de julio.

Las investigaciones policiales apuntan a la existencia de viviendas utilizadas para ocultar inmigrantes que, después de acceder a Ceuta, permanecen fuera de los circuitos oficiales de alojamiento y protección.

Según las pesquisas, los precios de estos alojamientos varían en función del espacio y de las condiciones. Se han detectado habitaciones por unos 35 euros diarios y garajes compartidos que pueden alcanzar los 900 euros mensuales. También se han señalado alquileres de viviendas completas por cantidades que rondarían los 3.000 euros.

El fenómeno incluye, además de viviendas, trasteros, pequeños almacenes, cobertizos e incluso vehículos que habrían sido utilizados como lugares de alojamiento. La Policía trata de determinar en cada caso si existe un cobro por la estancia y si estas prácticas forman parte de una estructura organizada relacionada con el tráfico de inmigrantes.

Las investigaciones también han permitido conocer indicios de otras situaciones potencialmente delictivas vinculadas a estos espacios. Entre ellas figuran una tentativa de agresión sexual denunciada por una joven que dormía en un garaje de la barriada del Príncipe, así como posibles casos de trabajo irregular.

En el primero de los casos, la joven habría relatado que el propietario del garaje le ofreció no cobrarle el alojamiento a cambio de mantener relaciones sexuales. La investigación considera relevante el episodio, aunque el ofrecimiento no llegó a materializarse en una relación sexual ni, según la información disponible, existió una agresión física.

Respecto al trabajo, los investigadores han encontrado referencias a personas que habrían abonado su alojamiento mediante trabajos realizados en obras. La dificultad principal consiste en obtener pruebas suficientes para acreditar los pagos y establecer la posible conexión entre los alojamientos y redes dedicadas al traslado clandestino de inmigrantes.

La investigación contempla asimismo posibles delitos de mayor gravedad, como detenciones ilegales o trata de seres humanos, si se acreditara que determinadas personas son retenidas o explotadas en estos espacios.

A este escenario se añaden conflictos vecinales derivados de viviendas sobreocupadas, con quejas por ruidos, entradas y salidas constantes, puertas abiertas y problemas de salubridad. Los vecinos han reclamado una mayor vigilancia ante situaciones que, según denuncian, alteran la convivencia en distintas barriadas.

La actuación policial afronta, sin embargo, importantes dificultades probatorias. El acceso a domicilios y propiedades privadas está sujeto a garantías legales y resulta necesario acreditar que el alojamiento se produce previo pago cuando los implicados alegan que se trata simplemente de una ayuda humanitaria.

Por ello, la Policía intenta diferenciar entre quienes ofrecen alojamiento de manera desinteresada y quienes han convertido esos espacios en un negocio clandestino.