La Policía Nacional sólo ha conseguido localizar a 150 de los 450 inmigrantes ilegales a los que se les ha denegado el asilo en Ceuta, mientras que los otros 300 continúan sin ser localizados por las autoridades. Los agentes sospechan que buena parte de ellos permanece escondida en pisos-patera e infraviviendas de la ciudad autónoma para evitar su devolución a Marruecos.
Según informa La Razón, el dispositivo policial desplegado para localizar a los inmigrantes cuyas solicitudes de protección internacional han sido rechazadas ha permitido identificar y expulsar a aproximadamente 150 personas. Sin embargo, dos tercios de los afectados no han podido ser localizados.
Las fuentes policiales contemplan la posibilidad de que algunos hayan conseguido trasladarse a la Península a través de redes de inmigración ilegal, aunque consideran más probable que permanezcan ocultos en distintos barrios de Ceuta.
Los agentes que participan en el operativo advierten de la necesidad de acelerar la resolución de los expedientes de asilo para evitar que los solicitantes rechazados abandonen los centros de acogida y eludan los procedimientos de devolución.
Pisos-patera en Ceuta: hasta 500 euros mensuales por alojarse en condiciones insalubres
La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado la proliferación de viviendas utilizadas para alojar clandestinamente a inmigrantes ilegales, especialmente en la barriada del Príncipe. Según fuentes del sindicato consultadas por La Razón, algunos propietarios están convirtiendo habitaciones, garajes y otros espacios en alojamientos improvisados para obtener ingresos económicos aprovechando la crisis migratoria.
Los policías aseguran que estas viviendas pueden albergar a un número indeterminado de personas en condiciones de hacinamiento, con graves deficiencias higiénicas y sanitarias.
En algunas de las últimas intervenciones se han detectado alquileres de entre 400 y 500 euros mensuales, cantidades que los responsables de estos alojamientos estarían cobrando por ofrecer espacios que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad. «Una pequeña parte de la población se está dedicando a este tipo de ilícitos, sin tener en cuenta que pueden ser acusados de varios delitos», advierten desde la CEP.
Los policías reclaman agilizar las expulsiones
La situación añade nuevas dificultades a la gestión de la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta el pasado 30 de julio. La Policía Nacional ha intensificado durante los últimos días las operaciones de localización y devolución de quienes no han obtenido protección internacional, con dispositivos desplegados tanto en los centros de acogida como en distintos barrios.
Los agentes advierten de que la demora en resolver los expedientes facilita que algunas personas abandonen los lugares donde estaban alojadas antes de que las autoridades puedan ejecutar su salida de España. Por su parte, la CEP recuerda que las actividades de favorecimiento de la inmigración ilegal pueden constituir un delito conforme al artículo 318 bis del Código Penal cuando concurren los requisitos legalmente establecidos.
La imposibilidad de localizar a unos 300 inmigrantes con solicitudes de asilo rechazadas evidencia las dificultades operativas que afrontan las autoridades en Ceuta, donde la presión migratoria y la proliferación de alojamientos clandestinos siguen complicando la actuación policial.
