La Policía Nacional mantiene bajo vigilancia a grupos de perfil radical en torno a la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que cumple este sábado tres semanas de protestas tras el desahucio de Maricarmen, a la que siguió el intento fallido del Gobierno de aprobar sus decretos en materia de vivienda y la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre.
El paso de los días ha ido relegando el protagonismo en Sol de los convocantes iniciales de la acampada, iniciada el sábado 26 de septiembre con mayoría de miembros del Sindicato de Inquilinas, a favor ahora de un perfil más radical en torno a la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), según señalan fuentes policiales.
Las fuentes policiales consultadas han indicado que la mayor preocupación reside actualmente en que se repitan enfrentamientos entre grupos de ideología antagónicos, sobre todo si se agudiza la presencia de perfiles más radicales del movimiento de extrema izquierda anticapitalista.
El viernes, 2 de octubre, los acampados marcharon hasta los aledaños del Congreso de los Diputados coincidiendo con la votación de los decretos de vivienda rechazados por los votos de PP, Vox y Junts, lo que derivó el lunes siguiente en la convocatoria de elecciones. Fue ese día, frente a las vallas desplegadas por la Policía en la carrera de San Jerónimo, cuando la CJS empezó a tomar el protagonismo al desplegar una pancarta con el lema «PSOE y Sumar, responsables de nuestra miseria».
El grupo de ultraizquierda anticapitalista, apuntan las fuentes consultadas, comparte estrategia con otras organizaciones ‘abertzales’ como GKS y son muy críticos con los partidos de la izquierda parlamentaria tradicional. También existen paralelismos con Samidoun y Extinction Rebellion, ‘habituales’ en protestas contra la OTAN o a favor de los terroristas de Hamás.
«Estamos viendo que aumenta la tensión en las movilizaciones y cómo determinados grupos contrarios buscan el enfrentamiento. No podemos permitir que sean los policías quienes terminen asumiendo las consecuencias de una planificación insuficiente», han señalado desde el sindicato SUP.
Jupol, por su parte, se ha quejado de una «situación sin precedentes» al dejar a las unidades policiales sin órdenes de servicio para planificar los dispositivos.
«No informar a la Policía de las manifestaciones comunicadas y de los eventos que afectan al orden público es una irresponsabilidad de extrema gravedad. Nunca había ocurrido, ni siquiera con un Gobierno en funciones», ha señalado Jupol en un comunicado. «Parece que quieran que las calles ardan», ha apostillado.
